El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que el debate en torno a la mariguana que tiene lugar en la ciudad de México se enfoca exclusivamente en el tema de la salud pública.

Al agradecer la carta que le enviaron cuatro ex presidentes de distintos países de América, miembros de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, por su compromiso en la creación de mejores leyes en la materia, reiteró que la capital tiene la característica de ser el centro de debate en temas de esta índole, pero que serán los legisladores quienes determinarán cuál es el siguiente paso.

En conferencia de prensa, dijo que el liderazgo que plantean los ex presidentes Ernesto Zedillo, de México; César Gaviria, de Colombia; Ricardo Lagos, de Chile, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, se refiere a la apertura en la discusión de este tema y no porque se plantee una eventual legalización de la mariguana en el Distrito Federal.

Dijo desconocer la iniciativa de ley que hoy se presentará en la Asamblea legislativa del Distrito Federal, aunque descartó que incluya el uso de este estupefaciente con fines recreativos o medicinales, toda vez que, recordó, el DF no tiene facultad para legislar en esta materia.

En tanto, el diputado del PRD Vidal Llerenas dijo que está lista la iniciativa para “la reducción de riesgos y daños en el aprovisionamiento y uso de la cannabis” para la ciudad de México, con la que se busca cumplir con el mandato que el artículo primero constitucional da a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad, progresividad e interdependencia, indicó.

La iniciativa considera además reformar la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Sicoactivas del DF, para crear un sistema de reducción de riesgos en el aprovisionamiento y uso de sustancias bajo la responsabilidad del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la ciudad de México (IAPA).

Propone también crear comisiones de disuasión, mismas que proporcionarían información y apoyo técnico a las personas que acudan –voluntariamente o por citatorio del instituto– para advertir o minimizar los riesgos asociados al consumo, entre otras.