La presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de reforma constitucional que permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México en relación con la Corte Penal Internacional (CPI) es un gesto positivo, pero no cumple totalmente con sus obligaciones en este sentido porque condiciona la cooperación con dicho organismo en cada caso particular, señaló Amnistía Internacional (AI).

En un comunicado, el organismo de derechos humanos recordó que aunque en 2005 México reformó el artículo 21 de su Constitución para adaptarlo a las exigencias del Estatuto de Roma, de todas formas se estableció que el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Cuando México decidió libre y voluntariamente convertirse en parte del Estatuto de Roma, enfatizó AI, reconoció la competencia plena de la CPI y ésta no necesita autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro Estado.

Por tal razón, AI consideró que la reforma a este artículo debe ser sólo un primer paso de una serie de reformas legales que establezcan los procedimientos de cooperación plena con la CPI.

La CPI, subrayó AI, puede juzgar crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, por lo que sigue pendiente la tipificación del resto de los delitos mencionados.