El amparo concedido por un juzgado federal a sexoservidoras y sexoservidores, a quienes reconoce como trabajadores no asalariados, es histórico y trascendental, sostuvo la abogada Bárbara Zamora, quien agregó que la resolución generará beneficios y se podrán defender de las extorsiones y los malos tratos de policías, inspectores y agentes del Ministerio Público.

La representante legal del grupo de sexoservidores destacó que la decisión de la juez primero de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, es muy completa, porque además de reivindicar el derecho de las personas al trabajo que quieran desempeñar, abre la puerta para que sean reconocidos los derechos laborales de los hombres y mujeres que se dedican a la prostitución.

Zamora agregó en entrevista que al decretar la inconstitucionalidad del artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal –que sirvió de fundamento para que las autoridades capitalinas les negaran a este grupo la credencial de trabajadores no asalariados–, la juez, por primera vez, reconoció oficialmente el sexoservicio como un trabajo.

Esto es importante, explicó, porque las personas que recibieron el amparo podrán acreditar su personalidad ante la autoridad con la credencial que se les deberá entregar en breve, y con ello no habrá razón para que sean hostigados o extorsionados por policías, inspectores o agentes del Ministerio Público.

Subrayó que no se debe estigmatizar a los trabajadores sexuales por ningún motivo ni verlos desde el punto de vista de si escandaliza la moral de algunos miembros de la sociedad, pasando por alto la alta complejidad que tiene, como la situación de vulnerabilidad y marginación en la que se encuentran.

La litigante puntualizó que el gobierno del Distrito Federal está obligado a cumplir con la sentencia y dar credenciales a las mujeres y hombres beneficiados con el amparo y, además, deberá vigilar que policías, inspectores y agentes del Ministerio Público dejen de extorsionarlos con pretexto de que su actividad constituye una falta administrativa.