e acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42 por ciento del valor de la economía mexicana está concentrado en manos de poco más de 200 mil inversionistas. Ello significa que 0.18 por ciento de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional. Visto en forma inversa, 99.82 por ciento de los mexicanos están excluidos de esa porción de la economía. Ciertamente, el incremento tendencial de la desigualdad es un fenómeno generalizado en el mundo contemporáneo y en años recientes se ha desarrollado con fuerza incluso en países desarrollados. Pero el caso de nuestro país, a juzgar por los números de la CNBV, es extremo: en un informe dado a conocer por Oxfam durante la realización del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se reveló que uno por ciento de la población del planeta posee la riqueza mundial; aquí, ese porcentaje es aún más reducido.

En ese documento, titulado Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica, se señalan entre los factores que permiten explicar este alarmante desequilibrio, la falta de regulaciones antimonopólicas y las políticas fiscales en beneficio de las élites que establecen un tipo impositivo marginal menor para los sectores más ricos de la sociedad.

Pero la práctica de gobernar para las élites tiene muchas más expresiones: la reducción sistemática de la propiedad pública; la apertura comercial salvaje puesta en práctica por las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal, la reducción a rajatabla de derechos y conquistas laborales, las políticas de contención salarial, la subcontratación de funciones gubernamentales, los rescates multimillonarios, con dinero público, de corporaciones privadas que son llevadas a la quiebra como aplicación de un modelo de negocios particularmente perverso –pero no necesariamente ilegal–, la reducción deliberada de los sistemas públicos de educación, salud, vivienda, cultura y transporte, y –como ha señalado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– la abdicación del gobierno a la facultad de regular el mercado.

Si a las políticas mencionadas se agrega la opacidad y la corrupción que afectan a las oficinas públicas de los tres niveles de gobierno, se redondea la percepción de un aparato de concentración de la riqueza, construido en remplazo del desmantelado Estado de bienestar y no sorprende, en consecuencia, el grado de desigualdad social y económica en que se encuentra sumido el país: 42 por ciento de la economía para poco más de 200 mil personas y el resto, para 110 millones.

Tal desigualdad, a su vez, explica en buena medida la incapacidad para emprender una verdadera reactivación económica, la imposibilidad de reducir en forma significativa los niveles delictivos que azotan a la nación, el colapso del estado de derecho en vastas regiones del país –la Tierra Caliente michoacana es un botón de muestra– y la creciente distancia entre las representaciones políticas formales y la ciudadanía. Si no se emprende desde ahora una política clara y concreta para reducir el agraviante contraste entre opulencia y miseria, entre riqueza y marginación, entre la población mencionada en Forbes y la inscrita en las estadísticas de la pobreza, la perspectiva del colapso económico e institucional se volverá inevitable.