Saltillo, Coah., 10 de febrero.

La organización Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila (Fuundec) acusó a los gobiernos del estado y federal de realizar la búsqueda de desaparecidos sin seguir protocolos internacionales y anunció que no habrá diálogo con las autoridades hasta que demuestren profesionalismo en las investigaciones.

Fuundec señaló que las brigadas que buscaron desaparecidos hace dos semanas en el norte del estado no tuvieron el menor cuidado en la preservación de posibles evidencias, como restos humanos carbonizados, casquillos y ojivas.

Acusaron a las autoridades estatales y federales de mediatizar el tema, ése a que una de las primeras exigencias de familiares de víctimas es la confidencialidad de la información.

Por ello, la plenaria de Fuundec ha decidido suspender la interlocución con el gobierno de Coahuila y con la Federación y retirarse de las mesas temáticas y de seguimiento de casos hasta que el gobernador de Coahuila (Rubén Moreira) y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, nos den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías, que pudieron llevar a la contaminación, alteración e incluso pérdida de evidencia sustancia”, dijo Raúl Reyes, cuyo hijo está desaparecido, al leer un mensaje de la organización.

Activistas de Fuundec y familiares de desaparecidos se manifestaron este lunes frente al palacio de gobierno.

Analizarán 300 muestras

Antes, el gobernador Moreira informó en conferencia de prensa que en Nava, Piedras Negras, Guerrero, Zaragoza, Jiménez y Morelos, entre otros municipios del norte, las brigadas encontraron alrededor de 300 pequeñas piezas de carbón que podrían ser huesos humanos. Las muestras ya son analizadas por la unidad científica de la Policía Federal.

Sin embargo, Fuundec rechazó el operativo y puso en duda sus resultados hasta que los responsables de este desaseo den cuenta de lo sucedido.

Por la tarde, el subprocurador para la investigación y búsqueda de personas no localizadas, Juan José Yáñez, aseguró que las investigaciones cumplieron los protocolos de la Procuraduría General de la República; además, se tomó declaración a nueve personas y se pidió información a 32 ex funcionarios municipales.