Por acuerdo de todas las bancadas, la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a su propia dirección jurídica y al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, un análisis que determine si el dictamen sobre la ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal viola derechos humanos y la garantía constitucional de manifestación.

De esta forma, el PAN se quedó solo en la exigencia que presentó a la Junta de Coordinación Política para que el dictamen fuera aprobado en la sesión del jueves, tras dispensarle todos los trámites parlamentarios.

Los vicecoordinadores de PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Alonso Raya y Ricardo Mejía, respectivamente, afirmaron que el panista Jorge Villalobos pretendía dar un albazo, pero incluso el PRI –que avaló el dictamen en comisiones– ponderó que es preferible determinar si la ley es constitucional o invade atribuciones de la Asamblea Legislativa.

El dictamen fue aprobado en diciembre, pero no fue enviado a la mesa directiva, donde aún no se le da el trámite de publicidad –primera lectura–, por lo que todavía no está considerada su discusión.

Debido a que se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ésta solicitó a la mesa directiva que enviara un reporte del alcance de la ley, que debió ser entregado el 2 de febrero.

Con esa ley el PAN pretende que las marchas se realicen en un horario predeterminado, que sean autorizadas sólo las que no busquen presionar a autoridades a tomar una decisión, y se desarrollen únicamente en vías no primarias, o de lo contrario puedan ser disueltas por la fuerza pública.