La decisión del Senado de eliminar la cláusula de reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas abre la posibilidad de emprender procesos para impartir justicia a las víctimas de la llamada guerra sucia, donde presumiblemente participaron militares, porque esos ilícitos son imprescriptibles.

Afirmó lo anterior Genaro González Licea, ex profesor del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (Ceefa), quien agregó que la medida de los legisladores abre la posibilidad de que las fuerzas armadas recuperen su dignidad institucional, porque la sola reserva de la citada cláusula es de suyo ofensiva para el comportamiento castrense. La medida también restringe el fuero de guerra que el gobierno mexicano inconstitucionalmente prolongó, ­enfatizó.

González Licea, especialista en temas de derecho militar y constitucional, destacó que la medida referida es trascendente, porque así recuperamos la seguridad de no ser privados de nuestra libertad por persona alguna, en este caso militares, sino por mandamiento judicial.

La reserva a la cláusula en cuestión era contraria al propio mandato constitucional, pues todo indica que respondía a un lamentable patrón de comportamiento tolerado por el Estado mexicano.

Por otra parte, señaló que una vez eliminada dicha cláusula de reserva (al artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas), el problema para los militares ya no se reduce a cumplir órdenes, sino que también impera el marco constitucional de libertad de conciencia y el actuar con estricto apego a la ley.

Destacó González Licea que la eliminación de la citada reserva se debe ver como parte del comportamiento de un todo. De una reforma constitucional en materia de derechos humanos, recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero también, como una tendencia restrictiva a las posibles participaciones del sector castrense más allá de lo establecido por la Constitución y como un momento de oportunidad para que las fuerzas armadas mexicanas reflexionen sobre la imperiosa necesidad de restructurarse, de plantear una reforma constitucional sobre la jurisdicción militar de acuerdo con las circunstancias que vive el país en la actualidad.