La opinión que emitió esta semana el Comité de la ONU para los derechos de los niños no tomó en cuenta las medidas aplicadas desde hace algunos años por la Iglesia católica por instrucción del Vaticano, señaló Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El también obispo auxiliar de Puebla dijo a La Jornada que, además, dicha instancia de la ONU parece confundir Estado Vaticano e Iglesia como institución religiosa, lo que le lleva a no tener en cuenta el hecho de que los sacerdotes, como cualquier ciudadano, deben someterse a las leyes y autoridades civiles de los países donde residen.

Agregó que como ha señalado el obispo Silvano Tomasi, observador permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, el comité se basa en datos no actualizados y ni siquiera tomó en cuenta las informaciones acerca de las medidas tomadas por el Estado Vaticano y por las conferencias episcopales de los diferentes países en los años recientes, y descartó que la Iglesia o la sede protejan a sacerdotes pederastas y, por ende, se violen los derechos de los niños.

Desde hace varios años se han venido aplicando medidas por el Vaticano y las conferencias episcopales de los diferentes países para evitar que eso suceda, para que estos delitos contra los menores no se repitan y que, de darse, se atienda adecuadamente a la víctima y se sancione al culpable, todo lo cual el comité de la ONU no refleja en sus observaciones.

Lira Rugarcía precisó que la Iglesia debe buscar el bien de todas las personas. Por eso es inaceptable y vergonzoso que se hayan dado hechos que han causado tanto dolor a niños y a sus familias.

Desde la víspera de que se conocieran las observaciones de la ONU, el obispo hizo notar que, como Estado, el Vaticano no puede seguir un proceso judicial civil, porque los sacerdotes y clérigos son ciudadanos de los países de los que forman parte, entonces es competencia de las autoridades de cada país ese tipo de procedimientos. Lo que corresponde al Estado Vaticano son sus ciudadanos.

Explicó que la gente tiende a pensar que los sacerdotes son competencia del Vaticano en materia de sanciones de este tipo, pero no es así. No hay que olvidar que ni los sacerdotes ni los obispos somos ciudadanos del Estado Vaticano, solamente los que son ciudadanos del Vaticano están bajo su jurisdicción, los demás somos ciudadanos del países a los que pertenecemos y estamos sujetos a sus leyes.

Lira Rugarcía insistió en que la sede pontificia, desde 2012, instó a los episcopados del mundo a establecer “líneas de cómo actuar cuando se da un caso de denuncia, y acotó que en el caso de la CEM esas medidas se elaboraron y enviaron al Vaticano, a fin de armonizar las leyes eclesiásticas con las de cada país (ante un caso de pederastia clerical).