yer vi un reportaje de un medio extranjero donde un jefe templario expresaba sus razones con escalofriante cinismo, mientras grupos de autodefensa armados se movilizaban en las carreteras. Me sacudieron escenas del duelo de madres y hermanos, que a gritos lamentaban el asesinato de unos muchachos sin saber si habían sido víctimas de los malhechores o de la policía. El gobierno induce a la opinión pública a enfocarse en el problema de Michoacán y en su supuesta solución. Pero se nos olvida que la CNDH reconoce, en su reporte más reciente, que hay violencia y organización de autodefensas, además de Michoacán, en Guerrero, estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Chiapas. En Tabasco hay una ola de secuestros, en la Huasteca hidalguense y Tamaulipas hay grupos criminales organizados. Todo indica que el control del país se les está saliendo de las manos a las autoridades.

Un observador más o menos imparcial diría que el gobierno, al enfrentar la crisis de Michoacán, utiliza con eficacia su sistema defensivo, recursos financieros y administrativos, y que actuaría igual si se presenta otro brote grave. Los extranjeros no comparten ese optimismo. A Estados Unidos le preocupa el agravamiento de la violencia. Sus reportajes son descarnados. Han criticado la regularización de las autodefensas. Aquí, un ciudadano medio informado reconocería que si la gente ejerce la justicia con sus propias manos es por el abandono de las funciones básicas del Estado y no sólo en cuestiones de seguridad, sino en los derechos sociales básicos, la estabilidad y el progreso que permiten a la gente vivir. El aumento en la criminalidad va acompañado (según revelan instituciones estatales) por índices mayores de pobreza, rezago educativo, empeoramiento de los servicios de salud, falta de acceso a seguridad social, vivienda y alimentación; desempleo y mayor corrupción (ENVIPE/Inegi).

No sólo es un problema de ineficacia represiva, ni siquiera de debilidad de las instituciones que procuran justicia: es el deterioro del aparato estatal. La pérdida de credibilidad en las instituciones y los incentivos para organizar la autodefensa son respuestas naturales a esta descomposición. La violencia es el síntoma de un síndrome: la decadencia de la nación. Lo peor: todos (con excepción de un pequeño sector confortable), sabemos que esto tenderá a agravarse y que el desenlace no será la remisión de los síntomas y el regreso a la relativa estabilidad que vivimos hace unos 25 años. La tendencia es a empeorar y nuestra respuesta es una parálisis de la imaginación y de la voluntad; eso se traduce en la incapacidad del gobierno, las estructuras formales e informales y la población para afrontar y superar una crisis tan profunda. Peña dice que no se inicia otra revolución, puede tener razón, el riesgo mayor es una implosión.

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