Representantes de organizaciones civiles y diputados federales de los partidos Movimiento Ciudadano y del Trabajo participaron en el foro Alcances y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015, en el que se expresó la postura crítica contra la disputa electoral que en México carece de sentido democrático.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de la mesa directiva, Ricardo Anaya (PAN), quien reconoció la capacidad de los legisladores para confrontar ideas, en y suma, la intervención de los ciudadanos que en gran cantidad de ocasiones, con voces que se escuchan con enorme fuerza diciendo lo que ciertamente muchos, en muchas ocasiones, no se atreverían o no nos atreveríamos a decir.

Manuel Huerta (PT), impulsor del citado foro, consideró sustantivo que el Poder Legislativo reciba propuestas y opiniones para reglamentar la reforma político-electoral. Buscaremos algún mecanismo de comunicación virtual para hacer planteamientos de lo que ustedes los participantes manifiesten.

Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano, denunció que en la práctica no se han modificado los actos de corrupción, de impunidad y la compra de votos, por lo que el país requiere un nuevo congreso constituyente, ya que el actual se ha agotado.

Durante el foro los temas que serán abordados tendrán que ver con las candidaturas ciudadanas, la relección de legisladores y los aspectos negativos de la reforma constitucional. Incluidas las leyes secundarias.

Su correligionario, Alfonso Durazo, expuso que persisten en el marco electoral vacíos y opacidad.

Se comprometió a impulsar las conclusiones del foro, porque en el trasfondo, dijo, de todos los conflictos políticos que hay en el país persiste una disputa no democrática por el poder, y no se va a ordenan el ambiente político nacional si no logramos previamente democratizar la disputa por el poder.

En su turno, Ricardo Cantú (PT) reiteró la denuncia que ha marcado la creación del instituto nacional de elecciones, porque se corre el riesgo de que el nombramiento de sus integrantes no sea aprobado por todas las fuerzas políticas.