Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de extender los instrumentos para erradicar esa práctica.

Con la modificación se ampliará el ámbito protector de esta legislación, se consolida la prohibición a discriminar, se fortalecer su sistema de combate, se amplía el catálogo de conductas que constituyen actos discriminatorios y se instaura un capítulo de medidas de reparación con la finalidad de inhibir y erradicar esas conductas.

La reforma, se indica en el dictamen, también promueve la igualdad de oportunidades y de trato, a partir del fortalecimiento de la organización, operación y el funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como organismo responsable de articular los esfuerzos nacionales de lucha contra esa práctica.

Los legisladores advierten en el dictamen que a pesar de los avances legales y las acciones para apuntalar las políticas públicas de combate a la discriminación, esta reprobable práctica aún se encuentra arraigada en la sociedad mexicana.

Realidad estructural

Se hace referencia al informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de marzo de 2012, que expresó su preocupación ante el hecho de que a pesar de que México tiene una institucionalización muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta sigue siendo una realidad estructural.

Se apunta que eso se refleja en las Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México, realizadas en 2005 y 2010, en las que se indica que todavía hay quienes consideran que las mujeres y algunos grupos sociales sólo tienen los derechos que creemos deben tener y no los que, por su dignidad humana, son inherentes a ellos; o bien, que la mitad de la población considera que no se justifica dar trabajo a una persona con discapacidad física, entre otros.