Al facilitar la intervención de llamadas telefónicas con el supuesto fin de investigar delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales recién aprobado en la Cámara de Diputados únicamente legaliza el espionaje del gobierno a los grupos que considere peligrosos o incómodos, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, apuntó que esta medida forma parte de una serie de acciones del gobierno para limitar cada vez más las garantías básicas, al tratar de regular las marchas, negarse a desaparecer el arraigo o geolocalizar un teléfono celular sin dar mayores explicaciones a un juez.

Estas medidas son de verdad graves, y nos preguntamos cuáles son los límites, porque estamos frente a un Estado semiautoritario donde los derechos humanos cada vez se restringen más, violando el principio de progresividad señalado en el artículo primero de la Constitución.

Uno de los principales motivos de preocupación, añadió, es que las corporaciones policiacas y los agentes del Ministerio Público encargados de ejecutar la intervención de llamadas telefónicas son instancias llenas de corrupción e incluso vinculadas con el crimen organizado, lo cual es terreno fértil para la comisión de abusos contra los ciudadanos.

Se está dejando en mayor vulnerabilidad a las personas con ese tipo de medidas discrecionales, que pueden usarse para cometer delitos y no para buscar la justicia. La Cámara de Diputados debió haber ponderado esta situación antes de aprobar una medida pragmática y superficial que sólo pone en riesgo la privacidad de la gente, deploró.

Orden de Estados Unidos

Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, indicó que al facilitar la intervención de comunicaciones privadas, el Congreso legaliza el espionaje gubernamental sobre las organizaciones calificadas por las autoridades como amenaza por sus posiciones políticas.

No tiene nada que ver con combatir el crimen organizado. Además, no es una iniciativa propia de México, sino una orden de Estados Unidos con la justificación de detectar posibles atentados terroristas. Ante eso, las víctimas somos todos, porque estamos indefensos ante este tipo de acciones, denunció.

“Con toda seguridad, el gobierno ya hace un trabajo de espionaje de esta naturaleza, pero nunca hemos sabido que esta información haya servido para prevenir una situación de riesgo o la comisión de un delito.

A lo mucho podría servir para presentar pruebas de un crimen, pero no para evitar que ocurra, enfatizó.