Luego de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplicará de manera uniforme a escalas federal y estatal, abogados expertos en derecho penal, agentes del Ministerio Público, policías de diversas corporaciones y jueces consultados por La Jornada aseguraron que aún hay mucha resistencia a aceptar la reforma a ese sistema de justicia, el cual incluye los juicios orales.

Las reticencias mayores se dan por la ignorancia y falta de preparación de miles de litigantes, que no se han capacitado para enfrentar los cambios radicales en materia procesal penal, señalaron los juristas consultados.

También hay resistencias –sobre todo de jueces locales y de abogados– porque el sistema de justicia penal tradicional ha permitido que los litigantes y algunos juzgadores lucren con procesos penales complicados y poco transparentes, que se basan en la promoción de escritos tras escritos, lo que vuelve los juicios largos, engorrosos y muy costosos para los justiciables.

Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas –organización que agrupa más de mil defensores en todo el país–, afirmó que muchos abogados están molestos porque (con el cambio en el sistema de justicia penal) les quitaron su fuente de ingresos fáciles. Ahora todos estamos obligados a capacitarnos en materia de oralidad.

Reyes Peralta, jurista veracruzano, añadió que “muchos abogados poco profesionales ya se sabían el caminito: simplemente aplicaban el clásico copy-paste para copiar argumentos procesales, jurisprudencias y leyes en escritos voluminosos e ininteligibles que los jueces ni leían.

“Utilizaban los machotes de escritos que ya tenían en sus computadoras para todos los casos que llegaban a sus oficinas y, lo peor, terminaban resolviendo los asuntos a billetazos en los juzgados del fuero común, o tramitaban amparos de machote, sin mayor análisis jurídico.

Clientes desplumados

Lo cuestionable es que cobraban por todo: por las miles de copias de los expedientes voluminosos, por viáticos, por traslados a las audiencias, en fin, los gastos y costas judiciales eran interminables, y por ello muchos abogados dejaron sin dinero a sus clientes. Eso ya se acabó con el nuevo sistema de justicia penal.

El también penalista José Patiño Hurtado indicó que no son pocos los casos en que abogados de varias entidades se han resistido a ser capacitados.

Añadió que no ha faltado el litigante que ha escrito artículos o libros en contra de la reforma penal, o han llegado a dar charlas a estudiantes de derecho contra los llamados juicios orales.

En el mismo tenor, el procesalista Rogelio de la Garza refirió que los abogados dedicados al litigio penal parecen no tener claridad sobre el tamaño del cambio cultural que implica el nuevo sistema, previsto en la Constitución desde 2008.

Es urgente que haya reacciones específicas de diplomados y maestrías para adquirir habilidades en el juicio oral, porque ahora cambia todo el panorama procesal, pues, por mencionar un ejemplo, las pruebas se presentarán y desahogarán de diferente manera a como antes se hacían, sostuvo De la Garza.

Precisó que con las nuevas reglas procesales aprobadas el pasado miércoles por la Cámara de Diputados, los abogados que no estén preparados para los juicios orales podrán ser retirados de las audiencias.

Los jueces están facultados para expulsar de las salas de audiencias a los abogados particulares o de oficio que no estén capacitados para llevar juicios orales, y eso es algo que preocupa mucho a los abogados que desconocen las nuevas reglas, destacó De la Garza.