l 13 de mayo de 1968, desde la sierra de Atoyac de Álvarez, Lucio Cabañas Barrientos le escribió una carta al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz; en aquella misiva el maestro le decía: En el estado de Guerrero reina el atraso, ¿y qué han hecho los gobiernos estatales para resolverlo? Ellos se han apoyado en el terror y la violencia armada para que nadie se atreva a protestar y a alzar la cabeza en demanda de un poco de justicia y un poco de democracia
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A 44 años de ese mensaje, en junio de 2013, durante la marcha por el aniversario de la masacre en Aguas Blancas, tres luchadores sociales advirtieron que el gobierno había recrudecido los métodos de represión contra organizaciones populares y defensoras de campesinos y sectores vulnerables
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Rocío Mesino Mesino, entonces líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), declaró que el gobierno puso oídos sordos; pero con esta movilización le estamos diciendo que Aguas Blancas no se olvida y que vamos a seguir exigiendo justicia, no obstante lo que se ha vivido en los últimos meses en el estado, donde se ha pretendido callar al movimiento social por medio de asesinatos
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En este sentido, el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señala que Guerrero es uno de los cinco estados donde más se han registrado agresiones contra luchadores sociales.
Según datos del diario La Jornada Guerrero, en los últimos dos años se contabilizan 17 asesinatos de miembros de agrupaciones políticas y sociales, así como la desaparición forzada de dos dirigentes de grupos ecologistas.
Entre los hechos violentos destacados están: el homicidio de la integrante de la Organización Ecologista Guerreros Verdes, Fabiola Osorio Fernández, en junio de 2012; la ejecución de la dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC), Juventina Villa Mojica, y de su hijo de 17 años, Reynaldo Santana Mojica, en noviembre de 2012.
El secuestro de ocho integrantes de Unidad Popular de Iguala, en mayo de 2013, de los cuales tres –el líder Arturo Hernández Cardona, así como Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez– fueron hallados muertos con signos de tortura en la carretera federal México-Acapulco.
El asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, ejecutado junto a otros dos miembros de la organización, a orillas de un río a la altura del poblado de Aguas Blancas.
Asimismo, destaca la ejecución a balazos de Rocío Mesino, dirigente de la OCSS, quien anteriormente había levantado la voz contra el clima de violencia, mientras supervisaba la reconstrucción de un puente provisional en Mexcaltepec, Atoyac de Álvarez.
En noviembre, Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), y su pareja Ana Lilia García Rómulo, fueron ejecutados en su casa ubicada en el municipio de Coyuca de Benítez.
En este contexto, Manuel Olivares Hernández, secretario general de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, afirmó que es muy grave lo que está sucediendo, son muchos los dirigentes sociales que han sido asesinados, y los que van quedando, pues debemos tener más cuidado, ya que estamos preocupados por nuestra seguridad y nuestra integridad física
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Por su parte, representantes de Human Rights Watch aseguraron que México tiene obligaciones legales estrictas de protección del derecho a la vida que exigen una investigación eficaz, que permita identificar y sancionar a los responsables de que estos activistas hayan sido asesinados
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Hoy Guerrero es un estado donde el sistema de seguridad y justicia funciona con graves deficiencias; donde 69.7 por ciento de la población vive en situación de pobreza; donde la sociedad civil vive entre amenazas y agresiones, como es el reciente caso a Pioquinto Damián Huato y a su familia, en donde los derechos humanos no son respetados; por ello urge restablecer la vigencia del estado de derecho y vigorizar la conciencia social, porque años huyendo por la sierra ya no pueden ser la única manera de proteger las vidas de los luchadores sociales. Es tiempo de dar aliento a la justicia y a la seguridad.
* Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia.
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