Panamá, 6 de febrero.

El futuro laboral de miles de obreros y los ingresos fiscales del gobierno de Panamá se encuentran amenazados a causa de la paralización de las obras de ampliación del canal en el istmo centroamericano, advirtieron este jueves fuentes sindicales y analistas económicos.

La zona de obras estuvo este jueves en completo silencio, sin la presencia de los 10 mil trabajadores que hasta hace dos meses manejaban grúas y transportes de carga, además de realizar actividades diversas para avanzar en la construcción del tercer carril de esclusas, el principal componente del proyecto de ampliación de esta ruta comercial internacional.

Los trabajos fueron detenidos completamente desde el miércoles por instrucciones de la empresa española Sacyr Vallehermoso, líder del consorcio empresarial Grupo Unidos por el Canal (Gupc), que sin embargo negó la decisión en un comunicado difundido desde Madrid.

Gupc, en el que también participan la belga Jan De Nul, la italiana Salini Impregilo y la panameña Constructora Urbana, cumplió así la amenaza blandida el 30 de diciembre pasado, luego de exigir a la Autoridad del Canal de Panamá que pague un sobrecosto de mil 600 millones de dólares, derivados de problemas geológicos no previstos en el proyecto inicial, que permitió al consorcio adjudicarse la obra en 2009 por un monto total de 3 mil 118 millones de dólares.

El futuro de los trabajadores y lo que está ocurriendo con las obras es de total incertidumbre. Aquí hay una crisis que no sabemos por dónde va a reventar, dijo Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similiares.

Méndez denunció que representantes de Gupc informaron a los obreros que cancelarán sus salarios mientras que esté paralizada la actividad en la zona de ampliación del canal.

Abelardo Herrera, dirigente de la Central General de Trabajadores de Panamá, dijo que la suspensión de las obras abre las puertas a cualquier reclamación de los derechos laborales de los trabajadores, mientras que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados acusó al consorcio de chantaje en contra de la ACP.

El Gupc consiguió la adjudicación de la obra con un proyecto que presupuestó alrededor de mil millones de dólares menos que la compañía estadunidense Bechtel.

Uno de los puntos que provocaron la suspensión del diálogo es la negativa del consorcio de devolver 785 millones de dólares que la ACP dio como anticipo para las obras y que, de acuerdo con el contrato, debían ser retribuidos por el Gupc en plazos determinados que no quiere respetar, en tanto que la entidad panameña no acepte el sobrecosto que no está considerado en el convenio de 2009.

En caso de que la ACP y el Gupc no vuelvan a la mesa de negociaciones, la suspensión indefinida de la obra ocasionará una demora en la generación de ingresos fiscales para el Estado panameño del orden de 2 mil 700 millones de dólares, contados a partir de 2015, año en que estaba prevista la conclusión de los trabajos en el istmo centroamericano, actualmente al 70 por ciento.

La tercera vía de esclusas del canal dejará a Panamá un ingreso adicional de 300 millones de dólares en el primer año de servicio, 400 en el segundo y hasta 2 mil en el tercero, toda vez que la nueva obra permitirá el tránsito de megabuques que a la fecha no circulan por esta ruta interoceánica, explicó el economista Horacio Estriví.

Este jueves, el embajador de Holanda en Panamá, Wiebe Jakob de Boer, informó que empresas holandesas que no identificó por su nombre están interesadas en construir un nuevo puerto de contenedores en Corozal, en la costa del Pacífico, que podrían recibir megabuques. El diplomático aclaró que las pretensiones de las compañías holandesas están al margen de la ampliación del canal.