Organizaciones civiles promotoras de una maternidad segura y la Coalición por la Salud de las Mujeres exhortaron al gobierno federal a informar sobre los resultados de las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de embarazadas que han muerto durante el parto y de aquellas que en meses recientes han parido afuera de los hospitales o en condiciones antihigiénicas y en servicios médicos de deficiente calidad.

Solicitaron a las autoridades que informen sobre las medidas que se tomarán para evitar la repetición de eventos de este tipo. Destacaron que ante cualquier caso de muerte materna, la Federación está obligada a intervenir de manera inmediata para darle seguimiento y otorgar respuestas oportunas y acordes con la normatividad vigente y bajo un marco de derechos, así como a garantizar la reparación del daño.

Sin embargo, nada ha ocurrido oficialmente tras los casos registrados en Huajuapan de León, Oaxaca, donde Pilar Sánchez dio a luz afuera del Hospital General, al igual que otras tres mujeres; o lo que ocurrió en Yucatán, con Rosalía Mukul, maya de 40 años, que tuvo gemelos. Ambos bebés murieron y una semana después no le habían entregado los cuerpos en el hospital H’Oran.

Las agrupaciones civiles también resaltaron que falta sólo un año para la revisión de los avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos, abatir la mortalidad materna. Además de que el gobierno, por conducto de la Secretaría de Salud, ha reconocido que no se alcanzará la meta en esta materia, resulta preocupante, dijeron, la persistente violación de las garantías fundamentales de las mujeres en los servicios de salud.

Indicaron que garantizar el acceso a la atención médica es una obligación del Estado y un derecho de todas las mujeres, incluyendo las pobres e indígenas.

Las activistas solicitaron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) presentar públicamente los resultados de las investigaciones, así como las medidas de corte sistémico que se están tomando para mejorar la atención a la salud materna y perinatal.

Subrayaron que el derecho a una maternidad elegida y segura es un imperativo del Estado mexicano, además de un compromiso ineludible ante las mujeres y ante la comunidad internacional.