Por la visión anticampesina que mantiene el gobierno, la reforma profunda para el campo atentará contra la voluntad de la mayoría de los habitantes del sector rural y estará enfocada a la privatización de la propiedad social, anticiparon los integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, ha afirmado que ya está trabajando con legisladores para avanzar en dicha reforma, por lo que es probable que se dé una situación similar a la aprobación de la reforma energética, impuesta pese a la oposición de la mayoría de los ciudadanos, apuntaron en conferencia de prensa.

Fernando Celis Calleja, del Consejo Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Alicia Govea, de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss); Enrique Pérez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec); Alejandro Cruz Juárez, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), y Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) rechazaron la propuesta de la Sagarpa de conformar clúster para ser más competitivos y productivos, pues ello tiende a una concentración de la tierra en pocas manos.

La política que aplica e impulsa el gobierno para el campo arremete contra los intereses sociales y apuntala los de las grandes empresas; continuar con ello es muy peligroso, pues se creará una gran inestabilidad, advirtió Celis Calleja, y ejemplificó con el incremento de las protestas en los estados por los bajos precios de las cosechas y los altos precios de los alimentos al consumidor.

Ante esta torpeza inaudita de la Sagarpa, los integrantes del Conoc convocaron a las agrupaciones locales, estatales y nacionales de diversa índole a la unidad para detener las reformas legales tendientes a privatizar la tierra y territorios de campesinos e indígenas. Refirieron que los tres últimos gobiernos entregaron 98 millones de hectáreas para proyectos mineros; repartieron la mitad del territorio en menos de 20 años; continuar con dicha tendencia es generar un esquema de violencia, advirtieron.

Puntualizaron que su agenda de lucha pacífica y dentro del marco legal está enfocada a defender los territorios de los pueblos; exigir la cancelación de las concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas e inmobiliarias, así como demandar precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de las cosechas.