Martes 4 de febrero de 2014, p. 27
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas liberó a Luis Antonio Flores Villatoro y Ciro Pérez Roblero, detenidos la semana pasada por su presunta implicación en el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de minas, perpetrado el 27 de noviembre de 2009 en el municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, informaron familiares del activista. Aseguraron que con esta excarcelación no se está haciendo justicia.
Indicaron que los dos sujetos fueron liberados el fin de semana, sin que se sepa en qué condiciones. La familia se encuentra molesta y se siente impotente; creemos que la PGJE no ha querido aclarar el asesinato
, afirmaron.
Manifestaron que no hay una sola persona detenida por el crimen, pues los tres aprehendidos poco después del homicidio ya fueron liberados, el último de ellos el año pasado.
Señalaron que Flores Villatoro fue liberado el viernes y Pérez Roblero el jueves, aunque las autoridades no les han dado información. También manifestaron su inconformidad porque la dependencia no informó con tiempo a la familia sobre la detención de los dos hombres. Creemos que la PGJE no está dando resultados para esclarecer el asesinato, cometido hace más de cuatro años
, aseveraron.
Aseguraron que Flores Villatoro era gerente de relaciones públicas de la empresa canadiense Black Fire, que explotaba una mina de barita en el ejido Grecia, la cual fue clausurada después del asesinato de Abarca Roblero, y Pérez Roblero también laboraba para la minera.
Denuncian hostigamiento
La organización ecologista Bios Iguana dijo haber recibido amenazas e intimidación de la policía estatal preventiva durante una asamblea comunal en Zacualpan, municipio de Comala, Colima, para rechazar la instalación de una mina de oro, reunión que finalmente fue suspendida por falta de condiciones.
Recordó que el pasado primero de diciembre comuneros de Zacualpan intentaron celebrar una primera asamblea que minutos antes fue cancelada por orden del presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán. El acto se pospuso para el 2 de febrero. Los comuneros solicitaron incluir en el orden del día la destitución de Guzmán, rechazar la operación de la mina y declarar Zacualpan territorio libre de minería.
Sin embargo, la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, se negó a incluir los dos primeros puntos, por lo cual la reunión se suspendió.