En el próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se buscará incluir la ley de movilidad, que busca atender el asunto de las marchas, y la actualización anual de las tarifas del transporte público y concesionado, señaló Claudia Cortés Quiroz, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte de ese órgano autónomo.

Al terminar la presentación de las nuevas lámparas led en la estación Barranca del Muerto del Metro, consideró que es tiempo de tratar el tema de la regulación de las marchas: “Es necesario para garantizar el derecho al libre tránsito y de manifestación, y dejar de pensar en marchódromos, que sería irrisorio, y castigar con penas severas la comisión de delitos en esos eventos”.

Los daños en propiedad ajena y lesiones deben contar con una sanción fuerte para evitarlos, pero es un tema que se debe analizar con mucho cuidado, para no vulnerar derechos establecidos en la Constitución, cuya modificación correspondería a las autoridades federales. Agregó que desde el 20 de enero pasado se giró un oficio a cada integrante de la comisión para hacerles llegar las 25 iniciativas que se tienen sobre el asunto.

Se trata, dijo, de construir un solo proyecto y sea presentado en el siguiente periodo extraordinario de sesiones, de acordarse en la tercera semana de febrero, “dadas las coincidencias existentes en varios temas y subsanar algunas inconsistencias para crear un proyecto que cubra las necesidades de los capitalinos en materia de movilidad.

Sobre el asunto de la actualización anual de las tarifas del transporte público y concesionado, señaló que en la propuesta que traemos sí vamos con una fórmula para que la tarifa se pueda ajustar de manera gradual cada año, con el propósito de atender el desfase que existe, y mejorar el servicio, mediante un esquema que considere la inflación, los incrementos al salario mínimo, a combustibles y el tipo de transporte de que se trate, público o concesionado.

Además de duplicar el monto que se otorga a concesionarios de microbuses y taxis para la renovación de su vehículo a 200 mil y 300 mil pesos, respectivamente, y promover una iniciativa para que la destrucción de las unidades viejas se dé por norma jurídica y evitar su envío a la periferia, como sucede hoy día, explicó.

Mencionó que la facultad de aumentar las tarifas del transporte es del Gobierno del Distrito Federal, pero es necesario entrar al tema, con base en un análisis muy detallado, para no afectar el bolsillo de los capitalinos y evitar que se politice.