Resguardados por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal llegaron los más de 200 golpeadores que intentaron desalojar a los moradores del edificio de departamentos ubicado en el número 80 de Eje 1 Oriente-Bucareli, según consta en la averiguación previa que inició la Procurduría General de Justicia del Distrito Federal, luego de que los afectados rindieron su declaración.

Las 43 familias que habitan la casona, que fue propiedad del torero Rodolfo Gaona Jiménez, informaron que viven acechados por organizaciones ocupantes de viviendas, como Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, los grupos de Alejandra Barrios, Lucía Ruano e incluso del líder de mazahuas Cirilo Robledo, porque la indefinición jurídica del predio ha hecho que los cinco mil metros cuadrados que tiene sean un grandioso botín.

Las familias de mayor antigüedad en el predio tienen 56 y 60 años de habitar los departamentos de dos niveles con cinco recámaras, estancia y recibidor, entre otros espacios. Llegaron de niños y ahora ya son ancianos, como José Luis Alvarado. Su hija, Ana Isabel, relató que sus abuelos arrendaron la vivienda en la década de los 40 y cuenta con contrato.

Otra de las habitantes, María del Carmen Hernández, dijo que ya son cuatro intentos de quererlos sacar: el primero fue el 15 de diciembre pasado. Ante la amenaza las familias se organizaron y han mantenido vigilancia las 24 horas, por ello detectaron cuando ingresaron los golpeadores el pasado martes.

Fueron amagados con armas de fuego. No venían a ocuparlo sino a destrozarlo; rompieron puertas, destrozaron todo. Había mujeres, estaban bien organizados. Vimos cómo los acompañaban las patrullas, pero en 20 minutos llegaron los granaderos.

Los vecinos ahora saben que fueron reclutados en la iglesia de San Hipólito, “vagoneros del Metro Hidalgo y chavos de la Doctores, la Morelos y del predio Gabriel Hernández; por sacarnos les pagaron entre 300 a 400 pesos”.

Dijeron que el abogado Daniel Langrave ya prepara una denuncia penal por los delitos de despojo, robo con violencia y lesiones, y exigieron que se investigue quiénes fueron los policías que los protegían y quién ordenó el desalojo.