Autoridades aduanales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Ciudad Hidalgo, Chiapas, decomisaron en noviembre del año pasado un vehículo de la asociación civil Condomóvil y detuvieron a las tres personas que viajaban en el mismo, a quienes les advirtieron que no les regresarán el auto en tanto no paguen una multa de 220 mil pesos por el supuesto cargo de tráfico de condones.

Así lo denunció el presidente del mencionado colectivo, Leopoldo Gómez, quien explicó que el personal de Condomóvil regresaba al país luego de realizar de una gira de siete meses por varios países de América Latina para promover el uso del preservativo y dar información sobre el VIH-sida, cuando el vehículo fue detenido el 22 de noviembre de 2013.

Pasando por Ciudad Hidalgo, nos detuvo el SAT argumentando que les había gustado la camioneta y preguntando cómo era posible que una organización de la sociedad civil tuviera acceso a un carro así, adaptado por llevar todos los insumos de nuestro trabajo, como condones, carpas, sillas y mesas, indicó el activista en charla con La Jornada.

Aunque los integrantes de Condomóvil le explicaron al administrador de aduanas Patricio Arturo Elizondo León y la verificadora Zaira Castellanos Ramos que el vehículo no era de ellos, sino cedido en comodato por la organización Aids Healthcare Foundation, los funcionarios asumieron una actitud intimidatoria, prepotente y agresiva e incluso les preguntaron si traficaban drogas.

En ese mismo tono, los servidores públicos cuestionaron el origen de 30 mil preservativos que transportaba la organización en su camioneta y les impusieron una multa por tráfico de condones, pese a que Condomóvil logró demostrar con una carta que dichos implementos habían sido donados por un colectivo de Nicaragua sólo para fines de trabajo voluntario y no de lucro.

Tras insistir en que los dejaran sacar del vehículo parte de su equipo de trabajo, los activistas pudieron llevarlo al Distrito Federal en un camión de mudanzas que les cobró 18 mil pesos en un viaje de 28 horas en total, pero los funcionarios les advirtieron que se olvidaran del auto y de los condones hasta que no paguen la multa de 220 mil pesos.

El desconocimiento de la labor social y totalmente voluntaria que hacemos permitió que nos acusen de tráfico de condones, cuando son insumos de salud que obsequiamos y por los que no cobramos un quinto, haciendo un trabajo que le correspondería al gobierno, dijo Gómez, quien lamentó que la falta de la camioneta ha frenado su labor de prevención e información con sectores vulnerables.