Caracas, 24 de enero.

Venezuela endureció las sanciones contra la especulación y el acaparamiento y fijó penas hasta de 10 años de cárcel para quienes vendan o presten servicios a precios superiores a los determinados en la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, firmada este viernes por el presidente Nicolás Maduro, y que señala un margen máximo de ganancia de por 30 por ciento para el comercio.

La ley dispone, además, penalidades como expropiaciones, decomisos y multas para quienes no cumplan con la regulación sobre márgenes de ganancias y precios, así como para el acaparamiento, la usura y la alteración fraudulenta de precios de bienes y servicios.

Asimismo, determina prisión hasta de 12 años para quienes incurran en el boicot y hasta de 14 años para el contrabando.

Según la ley, para recibir dólares a través del estricto control cambiario, los importadores y empresarios deberán recibir un certificado de precios justos que avale el cumplimiento de las regulaciones.

Todas estas reglas serán fiscalizadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, encargada de la determinación de márgenes de ganancias razonables para fijar precios justos.

Esta nueva ley forma parte de las medidas económicas de la llamada guerra económica y la corrupción que el mandatario inició en noviembre pasado con rebajas forzosas de precios en electrodomésticos, ropa y repuestos de automóviles, entre otros.

Maduro, quien ganó elecciones presidenciales el año pasado, ha tenido que enfrentar un deterioro de la situación económica, con una inflación de 54 por ciento anual y una escasez de productos de más de 20 por ciento que, asegura, forman parte de una estrategia orquestada por sectores opositores para desequilibrar el país.

El texto de la nueva ley, difundido por la prensa local, indica que apunta a asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional. Busca, además, incrementar por medio del equilibrio económico el nivel de vida del pueblo venezolano, unido a la capacidad de fijar criterios justos de intercambio.

El gobierno también redujo considerablemente el monto de las divisas autorizadas para los viajes al exterior y para las remesas, y limitó sólo para residentes el pago en moneda nacional de los boletos aéreos, con lo cual espera ahorrar mil 756 millones de dólares, señaló el jefe de Comercio Exterior, Alejandro Fleming.

De acuerdo con las regulaciones publicadas en la Gaceta Oficial, el monto de divisas asignado dependerá del destino del viaje y los días de permanencia del viajero. Por ejemplo, quienes vayan a Florida, Estados Unidos –principal destino de venezolanos–, Aruba, Bonaire, Colombia, Corta Rica, Curazao y Perú, recibirán 700 dólares si el viaje dura ocho días o más, es decir, casi cuatro veces menos.

De igual forma se regula el concepto de remesas familiares cuyo máximo será de 500 dólares y podrá ser distribuida cada mes entre un número no mayor de tres beneficiarios, por un monto hasta de 166.66 dólares.

También fija requisitos, controles y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, como el pasaje aéreo o marítimo de ida y vuelta al territorio venezolano, la cédula de identidad, el pasaporte vigente, la visa y el registro único de información fiscal (RIF).

Esta semana Venezuela modificó su estricto control cambiario para introducir un sistema dual de asignación de divisas; la modificación mantiene el precio del dólar a 6.3 bolívares para la importación de bienes prioritarios, pero amplía el uso de una tasa secundaria cercana a 11.3 bolívares por dólar, lo que fue leído por analistas como una devaluación progresiva de la moneda.