Los jueces federales Leonel López Gianopoulos, Carlos Soto Morales y Pedro Arroyo Soto, tres de los cinco jueces designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para desahogar las miles de demandas de amparo que maestros de país presentaron para frenar los alcances de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, enfrentan una queja administrativa por presuntas irregularidades en su función jurisdiccional.

Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista y representante de cientos de maestros del país, presentó la queja administrativa contra los tres juzgadores, en la que alega supuestas violaciones al procedimiento jurídico y a la Ley de Amparo de parte de los impartidores de justicia, y en prejuicio de los maestros quejosos.

Según Fuentes Muñiz, las determinación de estos tres jueces de acumular todas las demandas individuales presentadas por los maestros en un expediente afecta las garantías a un procedimiento jurídico adecuado, amén de que no está previsto en la Ley de Amparo tomar este tipo de decisiones jurídicas.

La semana pasada los jueces López Soto y Arroyo emitieron acuerdos independientes en los que se declararon incapaces para resolver las controversias de los mentores de manera individual, debido a las múltiples peticiones de amparo que han hecho valer cientos de miles de agraviados.

El 26 de octubre pasado, el CJF informó que los juzgados federales de todo el país recibieron hasta ese mes 4 mil 300 demandas de amparo contra las leyes secundarias de la reforma educativa, suscritas tanto a titulo personal como colectivo.

En total la judicatura tiene registro de 203 mil quejosos de manera individual.

La abundancia de demandas de amparo promovidas contra la llamada reforma educativa ha provocado que después de tres meses de interpuestas, cientos de escritos ni siquiera hayan podido ser admitidos a trámite por alguno de los cinco jueces designados para resolver estas controversias.

La decisión de acumular los juicios en un solo expediente molestó al laboralista Fuentes Muñiz, autor de buena parte de las demandas de amparo, quien el pasado lunes presentó las quejas administrativas contra los juzgadores.

Resulta evidente que los juzgadores, a parte de usar una figura jurídica que actualmente no se encuentra prevista en la Ley de Amparo vigente, no se están sujetando al procedimiento previsto para la tramitación de los juicios, extendiéndose notoriamente de sus facultades, además de que falsean la información al afirmar que procede la acumulación como única medida para resolver las miles de peticiones de amparo, refirió Fuentes Muñiz en su escrito de queja presentada al CJF.

El litigante solicitó a la judicatura que inicie de inmediato una investigación y cite a los juzgadores, y pidió una sanción administrativa ejemplar en contra de ellos.