El blindaje que aplicó el gobierno federal en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas frenó la producción de drogas sintéticas en Michoacán y generó divisiones al interior del cártel de Los caballeros templarios, lo que incrementó la violencia y delitos como el secuestro y la extorsión en su área de influencia, principalmente en la zona de Tierra Caliente, revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

Los entrevistados señalaron que desde que el gobierno federal retomó el control de la aduana de Lázaro Cárdenas (noviembre de 2013), se frenó el suministro de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas y provocó el desplazamiento de cargamentos ilícitos hacia el puerto de Manzanillo, Colima.

La materia prima para la producción de este tipo de sustancias es la pseudoefedrina y solamente se produce en tres países, dos de ellos en Asia y uno en Europa.

Ello le dio valor estratégico al puerto de Lázaro Cárdenas y permitió que mediante la recepción de precursores, los cárteles de La Familia Michoacana y luego Los caballeros templarios adquirieran fuerza. Luego, la afectación que tuvieron por el cambio de autoridades en la aduana los hizo derivar hacia otro tipo de actividades delictivas, como las extorsiones y los secuestros, señalaron los entrevistados.

Apuntaron que la situación generó que las organizaciones migraran incluso hacia la explotación de minas a cielo abierto y el apoderamiento de minerales como hierro, que luego enviaban a China a cambio de precursores; asimismo, para financiarse tomaron por la fuerza plantaciones de aguacate y limón, pero sus crecientes necesidades económicas y las disputas desembocaron en divisiones internas.

A ese respecto, señalaron que una parte de los líderes de los templarios se sumaron a Pablo Magaña, quien estaba a cargo de la zona de Zitácuaro, mientras que la mayor parte de ellos siguen leales a Enrique Plancarte, El Kike, y Servando Gómez, La Tuta.

La Procuraduría General de la República (PGR) indaga ya operaciones financieras vinculadas con estas organizaciones ciminales y para ello cotejará sus indagatorias con los reportes que posee la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refirieron las fuentes consultadas.