os grupos de autodefensa en Michoacán han declarado que cuando el estado esté limpio del crimen organizado ellos volverán a sus labores en el campo: “No queremos ser policías… nuestro interés es tener a nuestras familias protegidas” ( La Jornada en línea, 13/1/14).
La violencia en ese estado no es nueva y las acciones del gobierno federal en contra del crimen organizado tampoco. Desde el inicio del desgobierno de Felipe Calderón se han enviado a la entidad miles de elementos de las fuerzas del orden con distintos uniformes y no se ha logrado nada sustancialmente efectivo. Al contrario, la violencia ha crecido y ha hecho imposible la vida de los habitantes de varios municipios en tanto que los grupos delictivos, pese a declaraciones triunfalistas en los medios oficiales, hacen de las suyas en la región. Todavía el año pasado, por ahí de mayo, se enviaron soldados y marinos, además de policías federales, a recorrer todos los municipios en conflicto para poner el orden. No ocurrió nada importante, tan es así que a principios de este año se siguió la misma estrategia: enviar miles de efectivos militares y policiales y el crimen sigue cobrando vidas y bienes muebles e inmuebles. Al parecer las guardias de autodefensa han resultado más efectivas, pero tampoco han podido con el paquete.
El secretario de Gobernación dice que ahora sí, pero no convence del todo. Lo que es un hecho es que aun enviando miles de efectivos castrenses la crisis michoacana ha sido de tal magnitud que ya ocupa titulares en periódicos extranjeros. Algo o mucho no se ha hecho bien. Cuesta trabajo pensar que el gobierno federal, con todos los recursos que tiene (mucho mayores que los de cualquier particular nacional), no haya podido contener o acabar con los delincuentes.
Si se tratara de una guerra convencional se puede esperar que en siete años (desde la Operación Conjunta Michoacán de Calderón) ya conociéramos al bando triunfante, pero no es así, ni sabemos para cuándo. Si los delincuentes tuvieran uniforme quizá notaríamos su fuerza o por lo menos la sabrían los generales y almirantes que han dirigido diversos operativos. Pero esto no ha sido posible ya que, por lo visto, los criminales son expertos en aparecer y desaparecer, en armarse y actuar al mismo tiempo que se vuelven invisibles salvo para sus víctimas, que cada vez son más y en mayor territorio del país, y no sólo en Michoacán.
Algunos expertos han dicho que para que el crimen organizado tenga el éxito que ha tenido tiene que estar conectado con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas. Yo no soy experto, pero no descarto esta hipótesis, perfectamente posible aunque sea difícil de comprobar (algunos casos sí han sido demostrados).
Dado que el negocio del crimen organizado es megamillonario, es lógico pensar que si tiene cómplices en las esferas gubernamentales y militares debería notarse por los beneficios (dinero) obtenidos, pues si acaso son copartícipes del crimen no lo harían gratuitamente. Hasta podría pensarse que en lugar de hacer pruebas de confianza deberían hacerse auditorías a las cuentas (en el país y en el extranjero) de los funcionarios públicos y a los gastos y bienes de policías, soldados y marinos con sueldos fijos y debidamente registrados por mandato de ley. Si el comandante fulano gana 50 mil pesos mensuales, ¿por qué tiene tales y cuales bienes que no compraría con su sueldo? Alguien se los da, obviamente. Esto se ve o se puede ver a distancia o escarbándole tantito en la relación ingreso-gasto, como lo hicieron con la señora Gordillo y debieran de hace con el señor Romero Deschamps y otros. En lugar del tradicional “ cherchez la femme”, como se decía en las novelas policiacas, lo que debe hacerse es buscar el dinero. Habría sorpresas muy interesantes si las investigaciones se llevaran a cabo sin importar el nivel de los cargos de gobierno y por órganos independientes de éstos (lo cual no parece fácil).
Se ha argumentado que el crimen organizado se nutre en buena medida de la población pobre que busca la manera de sobrevivir. Si la población de Michoacán es en general pobre, y tiene más de medio millón de ciudadanos en pobreza extrema, no es difícil que los narcos y otros coopten a mucha gente, sobre todo a jóvenes que no sólo no tienen la secundaria terminada sino tampoco empleo ni servicios adecuados para ellos y sus familias. Sin embargo, la pobreza y la falta de educación no serían razones suficientes para explicar al soterrado ejército de delincuentes, pues éstos también existen en estados con niveles de ingresos y educación mucho más altos. Tendría que ser otra la explicación pues en los municipios zapatistas de Chiapas no hay consumo ni trasiego de drogas y son muy pobres.
Dígase lo que se diga sobre los neozapatistas, habrá de reconocerse que su forma de gobierno y el control social de sus comunidades han impedido hasta la fecha que el crimen organizado las penetre. No estoy diciendo que la experiencia zapatista pueda generalizarse en el país, las condiciones de otros lugares son muy diferentes y no tienen la misma historia. Sin embargo, aunque haya dudas sobre su autenticidad, las policías comunitarias de Guerrero, Michoacán y otros estados tienen como parámetro de comparación el hecho de que son guardias surgidas de sus comunidades y sin carácter permanente e inamovible.
La lección, por lo menos aparente, de estas últimas experiencias citadas, es que los gobiernos municipales, estatales y federal no están haciendo bien las cosas en el combate al crimen organizado ni en otros aspectos de la vida local y nacional. Y gobierno que no garantiza la seguridad de sus gobernados está fallando, incumpliendo con una de sus principales funciones o, cabe la hipótesis, infiltrado por la corrupción.
