Sin objeciones, el Instituto Federal Electoral (IFE) asignó ayer 3 mil 925 millones de pesos para el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos y sus actividades específicas. El acuerdo aprobado establece una salvedad: si en agosto se incorporan nuevos partidos, se realizará un nuevo proyecto para la redistribución.

El consejero presidente del IFE, Lorenzo Córdova, destacó que por disposición legal el universo de partidos no incide en el monto de las prerrogativas asignadas. Por ello, en su caso, de aprobarse uno o más, se reasignará el mismo monto entre un mayor número de institutos políticos.

El PRI recibirá mil 60.2 milllones de pesos para actividades ordinarias y 31.8 millones para labores específicas; el PAN, segunda fuerza, 917.1 millones, de los cuales 890.4 millones serán para financiar actividades ordinarias. El PRD obtendrá 699.1 millones, de los cuales 678.8 millones serán para financiamiento ordinario.

Al PVEM le asignaron 345.1 millones de pesos, de los cuales 335 serán para financiamiento ordinario y el resto para actividades específicas; el PT recibirá 301 millones y destinará 292.7 millones a gastos ordinario; Nueva Alianza tendrá en total 286.2 millones (277.9 millones para gasto ordinario), y Movimiento Ciudadano 283.9 millones, 275.7 millones para gastos ordinarios.

En entrevista, Córdova informó que en el más reciente reporte –diciembre pasado– el Movimiento Regeneración Nacional y Encuentro Social ya habían cumplido con la celebración de las 20 asambleas estatales o 200 distritales que exige la ley. Aún falta que el IFE o la autoridad que le suceda verifique la legalidad de éstas, proceso que comenzará en febrero y concluirá en julio, con el objetivo de de que en agosto, si acreditaron los requisitos, se incorporen al sistema de partidos.

Sin debate se aprobó la asignación de fondos, que rondarán 4 mil millones de pesos, incluyendo las franquicias postales. Aunque admitió que para algunos sectores ese financiamiento es excesivo, reivindicó la asignación que privilegia el financiamiento público sobre el privado, porque con ello se blindan las finanzas partidistas de recursos ilegales.

También se garantizan competencias democráticas, competitividad y equidad en las contiendas.

La consejera María Marván destacó la importancia del acuerdo que ratifica la determinación del Estado mexicano de apostar por el financiamiento público como soporte central de la democracia mexicana y condición básica para garantizar la equidad.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños destacó que la partida originalmente proyectada –4 mil 44 millones de pesos– se redujo en 44.1 mil millones, porque en su momento se calculó con base en una proyección de alza de los salarios mínimos de 5 por ciento que no se concretó.