La organización México Evalúa sostuvo ayer que el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aplicado por la Secretaría de Gobernación desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, se emprendió bajo una metodología poco clara y sin suficiente transparencia.

Al participar en un foro sobre violencia en El Colegio de México (Colmex), Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, cuestionó que la mayoría de los proyectos no partan de diagnósticos sólidos.

Los indicadores de los proyectos locales de prevención no permiten evaluar su efectividad ni tampoco nos permiten determinar si cumplieron su objetivo, criticó la investigadora ante la presencia de Roberto Campa, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación, quien previamente habló durante más de dos horas sobre las supuestos beneficios que ha traído al país la aplicación del cuestionado programa gubernamental.

De su lado, el funcionario federal adelantó que se incluirá al municipio de Apatzingán dentro de las 57 demarcaciones prioritarias en las que se aplican programas de prevención social de la violencia, y celebró que el gobierno federal haya restablecido la legalidad en Michoacán mediante el fortalecimiento de la seguridad pública en la región.

Campa destacó que más que la información sobre la voluntad de las autodefensas (de deponer las armas), lo que destaca hoy es la decisión del gobierno federal de recuperar la legalidad.

Entrevistado luego de participar en el foro del Colmex, Campa precisó que aún no está listo el plan especial de prevención para Tierra Caliente, que contará con 250 millones de pesos.