La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró ayer su preocupación por la grave situación en que se encuentran los penales de Guerrero, dada a conocer el pasado 19 de noviembre, cuando se presentó el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2013.

En un documento dirigido al gobernador Ángel Aguirre Rivero, la CNDH da cuenta de las condiciones en que operan los centros regionales de reinserción social de Iguala y Chilpancingo, así como en el Centro de Readaptación Social de Acapulco.

El ombudsman calificó la gobernabilidad en dichos centros con 4.54, 5.98 y 4.73 puntos, respectivamente, en una escala de uno a 10.

Entre las fallas detectadas destaca la deficiente separación entre hombres y mujeres, carencias de atención médica para los internos, y la pobre supervisión de los centros por los responsables.

También hace notar al mandatario estatal las limitaciones para prevenir y atender incidentes violentos, la insuficiencia de elementos de seguridad y la existencia de autogobiernos en esas y otras cárceles del estado.

La CNDH sostiene que la falta de atención inmediata a irregularidades mencionadas contribuyó a los acontecimientos de los días 3 y 6 de enero, que derivaron en la muerte de 13 personas y lesiones a otras.