Para formular una adecuada estrategia nacional contra el secuestro, como anunció recientemente la Secretaría de Gobernación, no es necesario adoptar medidas espectaculares, sino dotar a los organismos existentes de herramientas adecuadas para hacer investigaciones bien sustentadas y combatir el fenómeno de la impunidad, señalaron especialistas en temas de seguridad.

Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), afirmó que el incremento en la incidencia de ese delito está relacionado directamente con la falta de capacidad de las procuradurías de Justicia de todo el país para realizar indagatorias científicas y profesionales.

En esa medida, aumentan el plagio y otros delitos, así como la impunidad. En la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se habla de 105 mil víctimas de secuestro, pero sabemos que son muchas más, incluso 10 veces más, porque muchos casos nunca se reportan, subrayó.

Para combatir ese crimen de alto impacto, dijo Azaola, “no hay que anunciar unidades especializadas y zares antiplagio. No se necesitan shows ni medidas espectaculares o mágicas, sólo corregir los defectos que tienen las procuradurías y dotarlas de tecnología adecuada y buena selección de personal”.

José Luis Piñeyro, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, especialista en temas de seguridad nacional, indicó por su parte que dicho delito ha aumentado porque se trata de un negocio muy lucrativo, pero también por la impunidad que genera la falta de pericia de los cuerpos de seguridad.

Aunque estimó que deben formularse varias estrategias antisecuestro, en función de las características de cada región del país, el investigador enfatizó que un elemento común debe ser el fortalecimiento del sistema judicial en todos sus aspectos, pero también la generación de oportunidades para los sectores sociales más marginados.

Hay que mejorar el funcionamiento de las policías y las cárceles, pero también disminuir la base social del crimen organizado, con una estrategia de largo aliento que dé opciones a los jóvenes que ven una salida en la economía informal o en el crimen. Pensar que la solución únicamente es judicial o militar es muy limitado, puntualizó.