San Cristóbal de Las Casas, Chis., 9 de enero.

Los 98 desplazados de 17 familias de la colonia Puebla, en el municipio tzotzil de Chenalhó, miembros de Las Abejas, anunciaron que el próximo día 17 dejarán el campamento donde se encuentran en Acteal para dirigirse a su comunidad, de la cual fueron expulsados por grupos evangélicos en agosto pasado, para comenzar el corte de café. Explicaron que el tiempo del corte se está pasando y tenemos la necesidad económica. El aromático, junto con el maíz y el frijol, es la base del mantenimiento de nuestras familias.

Aclararon que no se trata de un retorno completo y definitivo, ya que los gobiernos municipal, estatal y federal no han cumplido con las tres condiciones que los indígenas definieron para regresar con seguridad y tranquilidad. Durante el tiempo que dure el corte analizarán la situación en Puebla y esperarán que el gobierno responda.

La acción, un derecho y una necesidad, no significa que esté resuelto el problema. Junto con el Frayba y organizaciones solidarias que nos acompañarán, asumimos el riesgo de ir a nuestras casas y parcelas.

Hacen responsables a las autoridades de los tres niveles de cualquier incidente en contra nuestra, ya que su tarea es garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante la aplicación de la ley y ellos no han querido cumplir con su tarea.

Pronto serán nueve meses de que se inició el problema. Desde el principio las autoridades municipales apoyaron al comisariado ejidal y pastor Agustín Cruz Gómez, que nos quiso despojar del predio de la iglesia católica.

En tanto, el gobierno estatal no ha hecho justicia. “Tiene el mismo discurso del comisariado: ‘olvídense de la justicia, no hagan comunicados, firmen un acta de respeto mutuo y no agresión, y les daremos apoyos y programas del gobierno’. No estamos buscando apoyos; queremos justicia por las agresiones que nos han hecho”.

El pacto mutuo de no agresión es una trampa, dicen, porque nosotros no hemos agredido a nadie, y además del despojo del predio nos han golpeado, encarcelado, robado y destruido pertenencias, secuestrado y golpeado a nuestro sacerdote, calumniado a la comunidad católica.

Las autoridades estatales han dicho que quieren que ya retornemos. Los desplazados plantean tres condiciones mínimas para hacerlo. La primera: que se resuelva conforme a derecho la posesión del predio en presunta disputa. Lo hemos poseído pacífica, continua y públicamente por casi 40 años.

La segunda, que se cumplan las averiguaciones previas y se actúe contra los responsables de actos delictivos. Por último, demandan reparación del daño material por destrucción y robo de nuestras propiedades, y moral, por la calumnia de que envenenamos el agua de la comunidad. Solicitan fe ministerial de las viviendas que debieron abandonar precipitadamente.

Los desplazados, con Las Abejas y la organización parroquial de Chenalhó, han sostenido pláticas con autoridades estatales y federales. La última, el 4 de diciembre, en la cabecera municipal. Después demandaron garantías al subsecretario de Asuntos Religiosos de Chiapas. No hubo respuesta.

Hoy dirigieron una carta al presidente de la República y al gobernador de Chiapas, con copia a las autoridades subordinadas que tienen que ver con el problema, particularmente la Secretaría de Gobernación, el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobierno estatal.

Alertan que las autoridades podrían decir, como en la masacre de Acteal, que no sabían lo que estaba pasando y no podían prever lo que pasó.

Advierten de la posible responsabilidad penal (de funcionarios) por omisión impropia (conspirativa), como concluyó la fiscalía especializada del ex gobernador Juan Sabines para el caso Acteal; éste, a su vez, culpable de lo mismo, pues no hizo nada con aquellas conclusiones.