Convencida de que la única manera de que el país avance hacia una efectiva protección y respeto de los derechos humanos es que los procesos penales se apeguen al marco legal, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero sostiene que aunque haya muchas piedras en el camino y muchas personas obtengan su libertad injustamente, sólo así podemos avanzar para que dejen de cometerse detenciones ilegales.

En entrevista con La Jornada, la ministra hace un recuento de los criterios jurídicos y decisiones relevantes del máximo tribunal en los últimos años y del impacto en la sociedad, sobre todo en lo referente a la creciente exigencia de que la autoridad garantice la protección efectiva de los derechos humanos.

Sánchez Cordero explica cómo se avanzó en Estados Unidos en garantizar el respeto a las garan-tías individuales de los detenidos.

No hay ahí un solo policía que no le lea la Carta Miranda a un detenido. ¿Cuántos detenidos le costó (a ese país) que obtuvieran su libertad, cuántos procesos se cayeron? No lo sé, lo que sí sé es que ahora la policía está educada. Debemos avanzar aquí en la educación de todos: agentes de la policía, de Ministerios Públicos, de procuración e impartición de justicia, juzgadores, tenemos este proceso de educación hacia un estado de derecho.

Este esfuerzo, subraya, debe permear desde la Suprema Corte hasta todos los juzgadores del país, federales y locales, así como a todas las autoridades involucradas en la procuración de justicia.

No podría ser de otra manera, enfatiza la juzgadora, quien fue designada al cargo en 1995 junto con el ministro presidente Juan N. Silva Meza, siendo ambos los únicos que quedan de esa integración original y que dejarán el cargo en 2015.

Para la ministra, la participación de la SCJN en la protección a los derechos humanos no se origina en la reforma constitucional del año pasado, ni en la resolución de la Corte en el caso de Rosendo Radilla.

“Podría decir que en 1997, en el 98, ya se empezaba a vislumbrar una Corte consolidada como tribunal constitucional y defensora irredicta de los derechos humanos. Está el caso de Aguas Blancas (la matanza ocurrió el 28 de junio de 1995), en el que se señaló al mismo gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, a quien sí se le reclamó y se le señaló como responsable del ocultamiento de la verdad, que eso fue el tema; el tema fue el ocultamiento de la verdad.

Tuvimos otros temas importantes, como el Fobaproa, donde por primera vez a nivel cupular, la máxima representación popular, en este caso la Cámara de Diputados, interporne una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal, que fue el presidente Zedillo, y la Corte lo condena a entregar toda la documentación de los fideicomisos de los bancos (Banca Unión, Cremi, Banco Somex) y el Ejecutivo se negaba a entregar en razón del secreto financiero.