a influenza A/H1N1 marcó parte de la campaña de Fernando Toranzo a la gubernatura a partir de la segunda quincena de marzo de 2009. El médico echó mano de su bata e hizo recorridos para repartir instrumentos a fin de que la población se protegiera de ese mal.

Fue una intervención que de oportuna cayó en oportunista, en momentos en que San Luis Potosí era considerado la segunda entidad más afectada, después del Distrito Federal, por lo que se consideraba una pandemia.

La influenza A/H1N1 llegó a mediados de marzo al estado y para finales de mayo había provocado seis muertes. Las actividades se normalizaron, aunque las campañas de prevención mantenían a la población con cubrebocas y uso frecuente de gel antibacterial.

El fantasma de aquel mal vuelve a sembrar temor entre los potosinos, pero esta vez sin el aparato propagandístico del poder, sino de boca en boca y en redes sociales.

Familiares de personas afectadas o sus conocidos reportan muertes provocadas por influenza y contagio de personas cercanas a las víctimas.

Los síntomas del padecimiento están, pero el doctor (hoy gobernador), no. Al menos en 2009 lo hizo.

Ha pasado más de una semana de la reaparición del temor; sólo el Hospital Central, que atiende a clases populares, ha confirmado cuatro decesos por influenza (dos tercios de los reportados entre marzo y mayo de 2009), y la Iglesia se ha manifestado por que la autoridad informe con claridad.

Apenas ayer Toranzo apareció públicamente con una afirmación que pretende ser tranquilizante: el número de casos representa la mitad de los registrados el año pasado. Sí, pero el número de decesos es similar o superior a los ocurridos durante la pandemia.

¿Sería mucho pedir que el gobernador-médico atendiera el tercero de los derechos del paciente, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz?