Como ejercicio de simulación que aumentará la conflictividad social, calificaron expertos en cuestiones indígenas, como Magdalena Gómez, José del Val y Francisco López Bárcenas, la práctica oficial de la consulta previa, libre e informada –pero no vinculante– a los pueblos indígenas cuando sus derechos pudieran ser afectados por medidas administrativas o legislativas.

Coincidieron en que para cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que es ley en el país– urge que se reconozca en la Constitución a los indígenas como sujetos de derecho público y que se ordene que dicha consulta sea vinculante, incluso si éstos se niegan a la ejecución de algún proyecto en su territorio.

Entrevistados en relación con la consulta a la tribu yaqui de Sonora, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la construcción y operación del Acueducto Independencia, que podría afectar los derechos que los yaquis tienen sobre 50 por ciento del agua de la presa La Angostura, Gómez planteó que los pueblos indígenas utilizan la consulta para, en el fondo, defender su derecho al territorio.

Cuando ésta no se cumple, dijo, se está violando el debido proceso. Subrayó que la versión de la consulta incluida en la Ley General de Equilibrio Ecológico es absolutamente violatoria de su derecho a utilizar ese instrumento. Después sólo quedan las instancias internacionales, y cuando se cierran los cauces legales, los pueblos recurren a medidas de hecho, apuntó.

Del Val, director general del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, aseveró que la consulta actualmente es una forma de legitimar el despojo. En el caso de los yaquis además es simulación, porque cuando la SCJN ordenó que se realizara debió parar la obra del acueducto, pero las propias autoridades estatales declararon que no lo harían; la Corte lo derivó a otro orden jurídico, y mientras, millones de metros cúbicos de agua ya se están yendo. Es una trampa lo del agua para Hermosillo... se trata de garantizar agua barata... a las 270 tomas que hay en el Acueducto Independencia que van para los grandes empresarios y ganaderos de la región, afirmó.

Propuso que los pueblos indígenas exijan ser socios de los proyectos que les consultan y participación en las utilidades del negocio, no una expropiación; es decir, que el desarrollo no se haga sobre el despojo neocolonial.

Se le planteó que en el caso de la Sierra Norte de Puebla se han otorgado 70 concesiones mineras, muchas de ellas para explotación a cielo abierto, y la gente se niega rotundamente a aceptarlos porque van a arrasar con sus tierras, bosques, ríos y manantiales. Del Val señaló que, para empezar, México, como Canadá, debe prohibir definitivamente la minería a tajo abierto. Dejan los freáticos acidificados y el gobierno no asume responsabilidad sobre la destrucción de la naturaleza y las implicaciones que va a tener lo que nos dejan.

Subrayó que es necesario aceptar el no de las comunidades indígenas, “porque además debemos acabar con el mito del desarrollo, con el que han hecho que la gente abandone su tierra, sus capacidades productivas, esperando lo que el Estado les va a dar. Bueno, hay que decir: ‘se trata del buen vivir y esto es otra cosa’. Yo les pregunto (en Totonicapan, Veracruz): ¿para qué quieren estar todos sembrando vainilla si se les va tronar el precio al rato, o el café; empiecen a sembrar como siempre hacían aquí: maíz, frijol, chile, calabaza; tengan sus gallinitas y van a vivir bien. No esperen que el Estado les dé un proyecto que no les va a dar... ”. Además, hay mucho acaparamiento de tierra, indicó.

Asimismo, enfatizó que como los pueblos no están reconocidos como sujetos de derecho público, todo es muy frágil, van a acabar expropiándolos; el Estado mexicano los despoja de una propiedad que podría tener un valor permanente. Entonces, propone, que de la consulta salga que los yaquis quieren ser socios del acueducto, de todos los negocios que se generen del agua que es suya, que se establezca dónde va a estar el conteo para saber cuánto les toca de cada litro que se va, y no aceptar la expropiación.

Preguntar, obligación del Estado

Del Val propone crear una procuraduría de derechos indígenas que vea lo relativo a la cultura, lengua y otras cosas, con una subprocuraduría de territorios indígenas, un modelo parecido a lo que existe en Estados Unidos. Estimó que lo que hay en la Constitución es suficiente para que un procurador pueda operar, aunque habría que reglamentar algunas cosas.

Sobre lo que debe incluir la ley sobre consulta, López Bárcenas planteó que debe definir el derecho de los pueblos indígenas a expresar su opinión y la obligación del Estado de preguntar a los que van a ser afectados por el acto a realizar. Debe definirse que la autoridad responsable del acto debe hacer la consulta, como en el caso de los yaquis, apuntó.

“El Convenio 169 dice que la consulta se realiza para que haya consentimiento o acuerdos. En todos los casos debe ser vinculante, enfatizó, y detalló que puede haber muchas variantes: que el pueblo dé su consentimiento al proyecto; que dé un sí condicionado a que se modifique, o querer ser socio del mismo o que haya un acuerdo parcial. Por ejemplo, que los yaquis digan: ‘el acueducto es muy grande’ y sólo permitan una parte, o que digan de plano ‘no quiero’”.

Además –precisó–, “se debe tomar en cuenta que la consulta es un procedimiento, como en el caso de los yaquis: como no hay ley ni reglamento, tienen que pactarse reglas, desde cómo se va a dar información, en qué lengua, impresa o en audio... que si no se entiende la información porque es muy técnica, los pueblos puedan contratar –a cargo de la autoridad responsable– asesores a quienes les tengan confianza”.

Asimismo, se tienen que ver los tiempos: en el caso de los yaquis son ocho grupos, si los van a consultar al mismo tiempo o uno por uno, en qué tiempo ellos acostumbran hacer sus reuniones, y que el acto mismo de consultar sería lo último para ver si están de acuerdo.

Finalmente, ¿qué hacer con el resultado? López Bárcenas mencionó que en la Ley de Planeación se consigna que el gobierno puede realizar contratos de derecho público con los particulares en el proceso de desarrollo y el resultado de la consulta debe constar en un acta de derecho público, es decir, que no hay que llevarla a un tribunal para que sea válida. Consideró que eso da certeza a las partes sobre el resultado.