Los conflictos sociales, cada vez más graves, se multiplican en México por la resistencia de los pueblos indígenas frente a la amenaza del despojo neocolonial de sus territorios y recursos naturales: biodiversidad, minerales, agua, petróleo, gas, madera, energía eólica, o para la construcción de carreteras, oleoductos, gasoductos... y se incrementarán al entrar en vigor la reforma energética.

Hay una embestida de compañías extranjeras, nacionales e incluso estatales que pretenden, con apoyo oficial, despojarlos a cambio de migajas, incluso amparándose en el discurso del desarrollo sustentable o de las energías limpias.

Dicha situación se presenta aunque México haya ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (169-OIT), que defiende los derechos colectivos de los pueblos indígenas estableciendo el requisito de obtener el consentimiento de los afectados mediante consulta previa, libre e informada, si bien el resultado no es vinculante.

Aun así, las leyes no se cumplen o se modifican de acuerdo con los intereses de los inversionistas. El apoyo estatal a las empresas suele incluir la criminalización y/o represión de los movimientos sociales opositores a los proyectos.

Una de las armas legales que más han esgrimido los pueblos indígenas frente al despojo ha sido el 169-OIT, específicamente el derecho a la consulta. Muchas veces recurren a interminables litigios en tribunales nacionales y algunos llegan incluso a instancias internacionales. Otros incluyen además la acción directa.

Por ejemplo, la tribu yaqui de Sonora lleva un litigio legal desde hace tres años contra el organismo descentralizado Sonora Sí (SS), del gobierno que encabeza el panista Guillermo Padrés Elías, por la construcción y operación del Acueducto Independencia, cuyos resultados serán determinantes en el futuro de la consulta como instrumento de defensa de los derechos colectivos de los pueblos nativos en México, pues en su fallo sobre el amparo 631/2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se consulte a los yaquis al respecto.

Por la vía de los hechos, los indígenas decidieron bloquear a diario la carretera México-Nogales en protesta por el robo de su agua, que puede ser de más de 52 millones de metros cúbicos al año de la presa El Novillo, oficialmente para llevarla a Hermosillo, aunque no se explica que en los 152.4 kilómetros de longitud del acueducto haya 277 válvulas de desfogue y tomas que pueden desviarla hacia otros fines, según los yaquis.

El bloqueo fue de 12 horas diarias del 28 de mayo al 16 de diciembre. Desde esa fecha y hasta finales de enero se bloqueará dos horas por la mañana y dos por la tarde, luego de negociar con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, abrir la vía para que circulen hacia Estados Unidos las exportaciones de hortalizas sinaloenses.

A cambio, el funcionario mediará ante autoridades federales para que cese la extracción de agua vía el Acueducto Independencia, informó Mario Luna, secretario tradicional del pueblo de Vicam. Indicó que hace unos días los citaron en el Distrito Federal para una reunión en la Secretaría de Gobernación este 3 de enero, pero ya no pudieron conseguir pasajes, y se propuso que sea el día 13. Para entonces los ocho pueblos habrán elegido nuevos gobernadores que tomarán posesión el 6 de enero.

Hay buen ánimo para continuar con el bloqueo, porque no estamos dispuestos a ceder el futuro de nuestro pueblo; tendrán que quitarnos el agua a la fuerza, y eso les va a salir muy caro, advirtió.

Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas de 1937, la tribu yaqui tiene derecho a 50 por ciento del agua del embalse de la presa La Angostura, que es una de las principales fuentes de recursos hídricos de El Novillo.

En este caso, el gobierno sonorense ha desacatado varias suspensiones en juicios de amparo promovidos por 22 asociaciones de productores sonorenses contra la licitación y desarrollo del Acueducto Independencia. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 37/2012 que el gobierno estatal evidenció falta de respeto a la cultura de la legalidad, por lo que con su desacato ha obstaculizado el derecho que tienen las víctimas al acceso a la justicia.

La sentencia emitida por la SCJN en mayo de 2013 ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dejar insubsistente la autorización de impacto ambiental otorgada al acueducto, para que primero consultara a la tribu yaqui de manera libre e informada. Con ello, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debería haberse paralizado dicho acueducto, lo que no ocurrió, indicó Ursula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que asesora a los indígenas.

En agosto, en una aclaración de sentencia, la SCJN determinó que la misma no implicaba suspender la construcción del acueducto en tanto se desahoga la consulta. Sin embargo, señaló que la autoridad –la Profepa–deberá suspender la operación del acueducto en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que dicha operación llegue a causar daño irreparable a la comunidad yaqui, anota el Cemda.

Entretanto, ya hay dos órdenes de aprehensión contra los activistas más visibles del movimiento: Tomás Rojo, segundo gobernador de Vicam, y Mario Luna, por ataques a las vías de comunicación y secuestro, informaron ambos.

Consultado sobre el caso, el vocero de la Profepa, Martín Ortiz, indicó en diciembre pasado que de acuerdo con la Subprocuraduría Jurídica de la dependencia, se abrió un proceso administrativo para determinar el eventual o presunto daño a la comunidad, y en todo caso cómo se determinaría si se para la obra; que se están haciendo los estudios necesarios para entregárselos al juez de la causa y que están dentro de los plazos legales.

Sin embargo, Luna informó que el juez décimo de distrito declaró inejecutada la sentencia de la SCJN que ordenaba la consulta, lo que implicó una multa y puede llegar a sanciones administrativas y penales contra funcionarios de Profepa y Semarnat de continuar la inejecución.

Por su parte, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) indicó que no se podía informar públicamente sobre el caso porque es un tema sub júdice, es decir, pendiente de resolución judicial.

En la Semarnat se solicitó copia del protocolo elaborado para la consulta a la tribu yaqui y una entrevista con el responsable de del sondeo, sin obtener respuesta.

El proceso de consulta se inició el pasado 6 de octubre. Hasta el cierre de esta información se encontraba en espera de que la Semarnat entregue 26 aclaraciones técnicas (impresas y en disco compacto), informó Tomás Rojo.

En su petición de aclaraciones, la tribu subraya el daño irreparable a sus derechos de agua por la operación del Acueducto Independencia, ya que los volúmenes netos disponibles del sistema de presas del río Yaqui para el ciclo agrícola 2012–2013 son de 2,072.049 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, los volúmenes del líquido concesionados con anterioridad al acueducto son de 2,289.320 metros cúbicos, lo que representa un déficit de 217.271 metros cúbicos de agua, por lo que solicitan a la Semarnat suspender la operación de la obra, conforme a la sentencia de la SCJN.