Guanajuato, Gto., 1º de enero.

En el estado hay 22 puntos críticos de contaminación de agua, aire y suelo; uno es generado por 450 mil toneladas de cromo hexavalente que a lo largo de 30 años ha producido la empresa Química Central de México, según estudios elaborados por el Bloque Ecologista de Guanajuato.

Sus investigaciones han arrojado que los ríos Temascatío, Turbio, Batán, Laja, Lerma y la presa La Purísima están contaminados con raticidas, solventes petroquímicos, plomo, níquel, mercurio, arsénico y diversos desechos industriales.

La mayoría de los 46 municipios de la entidad tienen problemas de polución atmosférica, pero los casos más graves se han detectado en Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, León, Silao, Celaya y Salamanca.

Las principales fuentes de contaminación del aire son la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas instaladas en Salamanca, fábricas, más de un millón 200 mil automóviles, la quema de esquilmos (desechos de la agricultura y la ganadería) y 2 mil 300 ladrilleras, detalló el presidente del Bloque Ecologista de Guanajuato, Carlos Álvarez Flores.

Guanajuato está entre los tres primeros lugares en el país en contaminación de suelos con residuos peligrosos. En San Francisco del Rincón y Salamanca se han detectado los niveles más altos, debido a las actividades de Química Central de México y Tekchem.

Durante más de 30 años, Química Central de México ha envenenado a 30 por ciento de la población del estado con residuos de cromo hexavalente confinado en sus instalaciones y en depósitos clandestinos a cielo abierto, acusó el ecologista.

La empresa, ubicada en la carretera León-San Francisco del Rincón, contamina suelo, aire y agua de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Cuerámaro y León, sostuvo.

De acuerdo con un reporte de la Asociación de Grupos Ecologistas de León, dado a conocer en agosto pasado, la contaminación del cromo hexavalente enfermó de cáncer a por lo menos 200 personas que han presentado altos niveles de ese elemento en la sangre.

Álvarez Flores instó a los gobiernos estatal y federal a elaborar un estudio de riesgo ambiental que, según el reglamento de evaluación de impacto ambiental, tendría carácter vinculatorio.

Criticó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir que Química Central siga operando a pesar de que no cuenta con permisos de uso de suelo ni para manejo de residuos peligrosos.

En una reunión llamada Pacto ecológico por San Francisco, efectuada en agosto en la casa de la cultura de ese municipio, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José González Calderón, calificó de vergonzosa la contaminación generada por Química Central y reconoció que no se ha hecho nada.

Dicha compañía produce 30 mil toneladas anuales de sulfato básico de cromo, 14 mil de bicromato de sodio y mil 500 de ácido crómico y 6 mil toneladas de aceites usados por las industrias curtidora, química, de pigmentos, fotográfica, farmacéutica, minera, vidriera, y metalúrgica.

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, Israel Cabrera Barrón, aceptó que Guanajuato tiene fuertes problemas de contaminación que no fueron atendidos por falta de coordinación entre autoridades.

Todos los municipios tienen problemas ambientales, que van desde un tiradero de basura hasta la contaminación de un río o problemas tan grandes como los que enfrentan Salamanca o San Francisco con Química Central, explicó.

Consideró que la Semarnat y la Profepa deben revisar con qué permisos federales cuenta Química Central y si cumple los lineamientos para operar; de no ser así, tienen que proceder las sanciones correspondientes.

Agregó que una solución inmediata sería confinar adecuadamente las 450 mil toneladas de cromo hexavalente que están al aire libre.

En opinión del diputado Sergio Contreras Guerrero, coordinador de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Guanajuato requiere una ley que otorgue al estado mayores atribuciones legales para combatir los focos de contaminación.