Por segunda ocasión en menos de una semana, microbuseros y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se enfrentaron luego de que personal del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) trató de inspeccionar el funcionamiento y estado de autobuses de la ruta 2, en las inmediaciones de la estación Sevilla del Metro.

Tras la gresca, ocurrida poco después de las 13 horas, la policía capitalina detuvo a Santiago Ávila Mejía, de 49 años; Raúl Valencia Martínez, de 39; José Alberto Ramírez Núñez, de 19; Néstor Gerardo García Matadama, de 22; Luis Manuel Hernández, de 20 –ambos en posesión de documentación apócrifa (permisos de publicidad) de dos autobuses–, así como una joven menor de edad.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas tras el enfrentamiento, durante el cual fueron enviadas tres unidades al corralón, al detectar el personal del Invea falta de documentación o irregularidades en el vehículo.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la coordinación territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-5; mientras, los inconformes denunciaron ser sujetos de constantes ataques de las autoridades y exigieron que se les deje trabajar.

Después de estar suspendidos un año y ganar un amparo, la Secretaría de Transportes y Vialidad se niega a autorizarnos volver a prestar el servicio, afectando a concesionarios y choferes, denunció Carlos Garduño, representante de la ruta.

Desde hace 15 días, señaló, se reinició el servicio al contar con la protección judicial, pero el acoso del Invea y la SSP continúa, buscándonos cualquier cosita para impedir nuestro regreso a los ramales Metro Sevilla-Presidente Masarik; Metro San Antonio Abad-Presidente Masarik y Metro Sevilla-Soriana Ejército Nacional.

Los operadores manifestaron que hasta el momento la procuraduría capitalina no ha determinado la responsabilidad del chofer en un accidente ocurrido en octubre del año pasado, cuando una persona perdió la vida, motivo por el cual se les suspendió el servicio.

Mencionaron que dicha situación afecta a decenas de familias, pues no contamos con recursos para pagar las unidades y hasta corremos el riesgo de perderlas, porque la Setravi se niega a cumplir con la sentencia favorable obtenida.