En México siguen cometiéndose de forma cotidiana delitos de lesa humanidad, como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, debido a que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puso en marcha en su primer año de gobierno una estrategia de seguridad y derechos humanos distinta a la que se aplicó en el sexenio anterior, coincidieron algunos de los principales colectivos internacionales defensores de las garantías fundamentales.

En una carta pública enviada el pasado 26 de noviembre al Ejecutivo federal, el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló que aunque la actual administración ha adoptado algunas medidas positivas, como promulgar la Ley General de Víctimas y reconocer la magnitud del problema de las desapariciones forzadas, su cambio de estrategia con respecto al sexenio anterior ha sido únicamente retórico.

En la misiva titulada México: el decepcionante primer año del gobierno de Peña Nieto, la organización lamenta que el Presidente hasta ahora no ha definido un plan concreto para reducir la violencia. Por el contrario, cuando la situación ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor.

De igual forma, alerta que la actual administración priísta ha continuado una práctica del gobierno de Calderón, que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia, acusándolas de delincuentes, sin evidencia que lo demuestre, y “no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales” ocurridos en la actualidad y en décadas pasadas.

Un par de días después, la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) dio a conocer su balance en la materia para el primer año de gobierno del mexiquense, en el cual deploró que se han registrado muy pocos avances en este ámbito.

En una carta firmada por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que al asumir el cargo, el mandatario prometió reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la población, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes, pues la violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord.

Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, enfatizó el colectivo estadunidense.

Amnistía Internacional (AI) se sumó a las críticas, al afirmar que durante el primer año de este gobierno la situación de los derechos humanos en México ha dado pocas señales de mejorar, pues aunque ha habido algunos avances en el plano legal, éstos no han logrado tener ninguna incidencia en términos reales.