ste primero de enero se cumplen 20 años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declarara la guerra al Estado mexicano. Muchas cosas han sucedido de entonces a la fecha. Una de ella es que el Estado se avejentó y algunas de sus instituciones tuvieron que ser reformadas para que siguieran funcionando; otras fueron sustituidas por no responder a las nuevas orientaciones de la política estatal, mientras se creaban otras para atender, se dijo, los nuevos reclamos sociales. Los políticos no escaparon a los cambios: en muchos casos fueron sustituidos por empresarios y los que persistieron se convirtieron en agentes de estos; como consecuencia, los intereses económicos de los primeros se impusieron a la política y en lugar de procurar el bien social ésta se quedó produciendo discursos que algunas veces se acompañan de imágenes diseñadas ex profeso para ello.

El resultado de estas transformaciones ha sido que un pequeñísimo grupo de empresarios y políticos se ha apoderado de la riqueza de país, sumiendo en una escandalosa pobreza a la mayoría de la población mexicana. La consecuencia natural de esto ha sido la irritación y el descontento social que se ha manifestado de diversas formas. Una de ellas ha sido la lucha por espacios gubernamentales con la idea de impulsar otro tipo de políticas, misma que ha sido enfrentada por los detentadores del poder con fraudes muy sofisticados o la negociación con quienes buscan esos espacios para entregarlos a cambio de que no modifiquen lo sustancial de las políticas del grupo dominante. Lo anterior demuestra que en tiempos neoliberales la democracia no sirve para que las mayorías decidan sobre el tipo de gobierno a implementar, sino para que los poderosos legitimen su dominación sobre ellas. Esto, naturalmente, termina aumentando la irritación popular y el desencanto con la participación en ese tipo de política.

Otros optan por la lucha social, entre ellos los pueblos indígenas. Convertidos en actores centrales de la política nacional, gracias a la apertura del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, que en la agenda de diálogo pactada con el gobierno federal los puso en primer plano, en estos 20 años han protagonizado las más fuertes resistencias contra las políticas de despojo a la nación. Como la mayoría de los lectores ha de recordar, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sentaba las bases para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y comenzar una nueva relación entre ellos, el gobierno y la sociedad. Desgraciadamente, el gobierno mexicano se negó a cumplir su palabra y los pueblos, fieles a la suya, iniciaron por todo el país la construcción de autonomías. El gobierno respondió con las políticas asistenciales de siempre, dividiendo pueblos y reprimiendo a los insumisos, situación que se acrecentó en lo que va de este sexenio.

Aun así los pueblos persisten en sus planes. Unas veces manifestándolo abiertamente, otras sin decirlo, muchos avanzan en su reconstitución interna, de acuerdo con sus propias capacidades y situaciones concretas. Hay quienes lo hacen defendiendo sus territorios, sus bosques, sus aguas; otros que impulsando radios comunitarias para comunicarse y difundir su cultura o escuelas comunales con maestros propios porque sienten que en las escuelas gubernamentales no les enseñan lo que necesitan para la vida, o impulsando la siembra de sus alimentos, revalorando sus prácticas y saberes propios, para librarse de las garras de quienes han hecho de los alimentos una mercancía y arma de dominación. Esto ha dado como resultado diversos procesos autonómicos, con el rumbo que cada quien consideró más pertinente, por eso los resultados también son múltiples, unos muy exitosos, otros no tanto.

Ahora que se cumplen los 20 años del levantamiento zapatista muchos vuelven a hablar de ellos y los indígenas. Desde el gobierno se dice que, ahora sí, se cumplirán los acuerdos sobre derechos y cultura indígena. Los pueblos son escépticos sobre ese anuncio, porque saben que en los últimos años sólo se han aprobado leyes para favorecer el despojo, incluida la reciente reforma constitucional que permite a las trasnacionales apoderarse del petróleo mexicano; no entienden por qué ahora sí les cumpliría el gobierno. Saben también que antes de una reforma que realmente garantice sus derechos, el gobierno debe derogar las leyes que atentan contra ellos y cancelar las concesiones y permisos que se han otorgado para la explotación de los recursos, que también los violentan. Los pueblos no quieren leyes que simulen reconocer derechos, sino que paren los despojos contra su patrimonio. Por eso luchan. Eso es lo que han aprendido en estos 20 años de zapatismo. Por ahí ven su camino y su horizonte.