San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de diciembre.

El comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, informó que para febrero podría estar lista una iniciativa de gran calado que recogerá los acuerdos de San Andrés e incorporará la nueva normatividad nacional e internacional en materia indígena.

Durante seis meses hemos trabajado tema por tema con un grupo de abogados y expertos, consolidando los temas de los sistemas normativos, la autonomía y libre determinación, tierras y territorios y recursos naturales; tenemos toda la estructura jurídica ya organizada y creemos que alrededor de febrero tendríamos la propuesta consolidada, agregó.

Ex integrante de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que participó en la firma de los acuerdos de San Andrés, suscritos por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación (EZLN) el 16 de febrero de 1996, Martínez Veloz expresó a La Jornada, que 2014 debe ser el año de las definiciones en las reformas indígenas que reclama el país.

Reiteró que ello permitiría instaurar una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado, mediante la definición de políticas públicas sobre la base de que ellos son sujetos y no objetos.

Subrayó: Los tiempos para que este gobierno pueda integrar una estrategia sólida y adecuada en materia indígena mediante las reformas tendrán que producirse el próximo año.

Insistió en que la nueva propuesta de ley que elabora la dependencia a su cargo se consolida tomando como base los acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de Ley Cocopa, pero será mejorada con aportaciones, como la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se establecen con claridad las definiciones que en 1996 eran tabú como tierra, territorios, recursos naturales o la consulta indígena.

Manifestó que por ninguna circunstancia la iniciativa en proceso de elaboración podría eludir los compromisos que el go­bierno mexicano firmó con el EZLN, y estoy convencido de que en ningún momento los textos allí plasmados tienen problemas de carácter jurídico como algunos dijeron en 1996 para descalificar la iniciativa Cocopa.

Tras asegurar que hay sectores con poder político y económico que están contra la aprobación de la iniciativa Cocopa, sostuvo que quienes se opusieron a la iniciativa de 1996 porque tenía fallas de técnica jurídica e iba a fragmentar el país son quienes han entregado casi la mitad del territorio nacional mediante el otorgamiento de 96 millones de hectáreas para explotación minera.

Sin identificar a los opositores a los acuerdos de San Andrés, Martínez Veloz agregó: A ellos que nos acusaron de que fragmentaríamos el país y la unidad nacional les pregunto: ¿cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar la mitad del territorio nacional y poner en riesgo la gobernabilidad del país?

Como en 1996 defendió los acuerdos de San Andrés porque no sólo no fragmentan al país sino que están construidos en la misma ruta de los tratados internacionales y la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas.