La existencia de más de 6 millones de jóvenes mexicanos –cuya edad oscila entre 14 y 29 años– que viven en la informalidad ha conducido a la quinta a parte de ellos a no tener registro ni como estudiante ni como empleado.

Tal situación llevó a concluir al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que la frustración de este sector de la población ha sido uno de los factores que han contribuido al surgimiento de movimientos de protesta que ha tenido lugar en diferentes naciones de manera reciente.

Al incrementarse la cantidad de jóvenes que pasan su edad productiva sin opciones de desarrollo ni crecimiento laboral e intelectual, se acentúa el déficit de atención para este sector de la población.

Frente a un escenario marcado por la desesperanza, la diputada del partido Movimiento Ciudadano Zuleyma Huidobro y sus compañeros Ricardo Monreal y Ricardo Mejía presentaron, hace unos días ante la Comisión Permanente del Congreso, una iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de empleo juvenil.

Los ejemplos en otras naciones

La argumentación se sustenta en que, de no tomar acciones que ayuden a mitigar el creciente fenómeno a escala global, las naciones con mayor porcentaje de desempleo juvenil, no sólo se enfrentarán al reto de la oferta de empleo, sino que también estarán enfrentando problemas de gobernabilidad, que posiblemente desembocarán en estallidos sociales, como se ha estado suscitando en diversas naciones de manera reciente.

La propuesta de atención a la juventud mexicana evita los paliativos que hasta ahora han dominado las políticas gubernamentales. Se han aplicado medidas unidimensionales, como la implementación de actividades deportivas, que en su enorme mayoría se diluyen por las pésimas instalaciones que existen en varias regiones del país, y es nulo seguimiento –de parte de las autoridades– del esfuerzo de los jóvenes.

El Estado tiene la obligación y el compromiso de garantizar el acceso a la educación, pero sobre todo y más importante es asegurar que los jóvenes puedan concluir de manera satisfactoria sus estudios para que se puedan insertar de manera exitosa en el ámbito laboral.

Tal premisa choca con la conclusión del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (asociación civil orientada a temas en el rubro), pues prevé que con las recientes reformas aprobadas en materia laboral, en el corto plazo las actuales generaciones de trabajadores se enfrentarán a nuevos esquemas que favorecen la anulación de sus derechos, como la generalización de la subcontratación y la falta de prestaciones básicas.

Ante la carencia de políticas de atención objetivas y cuidadosas, la propuesta de los integrantes de Movimiento Ciudadano se enfoca en facultar al Instituto Mexicano de la Juventud en materia de generar empleo juvenil mediante una adición de la fracción XII, para insertar el concepto capacitación como un instrumento idóneo para que los jóvenes tengan los conocimientos, habilidades y destrezas para enfrentar el mercado laboral de manera competente y provechosa.

De ser aprobada la presente reforma, nuestro país contará con una fuerza laboral que suministrará al mercado laboral de una ventaja competitiva y a los jóvenes de un mayor nivel de habilidades para hacer frente a sus necesidades presentes y futuras utilizando mejor su potencial humano.

Con esa adición, el Instituto Mexicano de la Juventud estará facultado para establecer convenios con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, de manera que la capacitación se vincule con las ramas productivas y de servicio del país; así como el otorgamiento de asesorías de tipo legal, técnica y financiera para el emprendimiento joven para la generación de autoempleo.

De prosperar, el artículo cuarto de la ley contemplaría elaborar el Programa Nacional de Juventud, que tendrá por objetivo orientar la política nacional en la materia; concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas tendentes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución.

La coordinación es clave

Promover la coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional; consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas; realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles; diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes

Con esto se alentaría su desarrollo económico y productivo, mediante la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo, donde los jóvenes tengan participación directa, ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana.

Y a capacitar y adiestrar para el trabajo a los jóvenes, a fin de mejorar sus condiciones de vida, instalar, fortalecer y desarrollar servicios de talleres en colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, para el aprendizaje y ejercicio de la mano de obra calificada de los jóvenes, así como prestar asesoría legal, técnica y financiera para el emprendimiento joven y el autoempleo.