El saqueo de oro, plata y otros minerales del país que realizan las empresas mineras que operan en México, y que en su mayoría son canadienses, es superior al que llevó a cabo España durante la época de la Conquista y la Colonia, y lo peor es que la reforma energética recién aprobada les permite participar también en la explotación de petróleo y gas, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Dolores Padierna y Alejandro Encinas señalaron, en entrevistas por separado, que a las empresas mineras desde la época de Carlos Salinas de Gortari se les permite violar la ley, contaminar regiones, mantener a los trabajadores con bajos salarios y pésimas condiciones de seguridad y llevarse la mayor parte de la riqueza fuera del territorio nacional.

La senadora Padierna expuso que son un buen ejemplo de cómo operan las trasnacionales en México. Las compañías mineras cuentan con un marco jurídico de excepción, que les permite pagar sólo 0.3 por ciento de impuestos directos a la producción, una cifra ínfima, si se compara con el 71.1 por ciento con que se grava la extracción de hidrocarburos. Sus utilidades por ello, detalló, son de 93.5 por ciento.

Negociaciones de madrugada

Tienen tal poder, recalcó, que lograron a última hora presionar para que se cambiara en su beneficio el dictamen de la reforma energética, en la madrugada del pasado día 10. El texto original, que se aprobó en comisiones, establecía en el artículo octavo transitorio que los títulos de concesión que tienen en la actualidad no les dan derecho a explorar y extraer petróleo y lo demás hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos, ni el gas asociado a los yacimientos de carbón.

Recordó que ello quedó en el proyecto de dictamen que se discutió en las comisiones de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos, pero horas después, ya ante el pleno, apareció modificado ese octavo transitorio, para permitirles un doble uso de las concesiones que ya tienen e incursionar en la industria petrolera.

Para lograrlo, los representantes de las mineras acudieron esa misma madrugada del 10 de diciembre pasado a entrevistarse con el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, sostuvo.

La senadora Padierna hizo notar que el problema es grave, porque las compañías extranjeras y las pocas empresas nacionales existentes tienen casi un cuarto del territorio nacional concesionado y extraen del subsuelo una riqueza que es de todos los mexicanos, pero con la autorización tácita del gobierno federal la usan sólo en su beneficio.

Por ello, a pesar de la gran riqueza del país en oro, plata, platino, cobre y otros metales, la participación de la minería en el producto interno bruto (PIB) es de apenas de 4 por ciento.

Las empresas canadienses tienen en sus manos 95 por ciento de la producción de oro y plata y 97 por ciento de la de cobre y se quedan con la mayor parte de las ganancias.

La senadora perredista hizo notar que, de acuerdo con un estudio del investigador Carlos Alberto Durand de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de 2005 a 2010, las trasnacionales mineras obtuvieron 552 mil millones de pesos por la explotación de metales, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos de impuestos al Estado mexicano.

Sobre el tema, el senador Encinas resaltó que desde Salinas de Gortari los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han sido totalmente obsequiosos con las mineras, e incluso en la pasada reforma hacendaria y fiscal el gobierno de Enrique Peña Nieto se opuso a que se incrementaran los bajísimos impuestos que ahora pagan, de menos de medio punto porcentual, al 10 por ciento con que, por ejemplo, se grava la actividad minera en Chile.

En general, dijo, la complacencia del gobierno ha sido tal en las últimas décadas, que se les cobran –en la Ley Federal de Derechos– en función del numero de hectáreas que tienen en concesión y no del valor y volumen de la producción que realicen.

Agregó que la actual ley minera prevé sanciones bajísimas a los empresarios que violentan disposiciones, por lo que Grupo México, de Germán Larrea y las mineras canadienses pueden pasar por encima de los derechos laborales de los trabajadores o quedar impunes frente a accidentes provocados por su irresponsabilidad, como el caso de Pasta de Conchos.

Por separado, la también perredista Iris Vianey Mendoza resaltó que es necesaria una nueva ley minera que mantenga la rectoría del Estado en esa actividad, dé preferencia al pleno respeto a los derechos humanos, a las garantías de las comunidades y pueblos indígenas y a la preservación de los recursos naturales.