Los ancianos son uno de los sectores que mayormente ven vulneradas sus garantías en el país. Gran parte de ellos soporta actos de violencia emocional, física y económica por parte de su familia, patrones o gente que se encarga de cuidarlos, lamentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En México hay 10.1 millones de personas mayores de 60 años. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que ocho de cada diez adultos mayores presentan algún tipo de vulnerabilidad, ya sea en sus derechos sociales o en su ingreso. Se calcula que 72 por ciento de ellos presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud ni a la seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de la vivienda y en los servicios básicos en ella y carece de acceso a la alimentación.

En tanto, Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México, refirió que del total de adultos mayores en el país, 3.5 millones se encuentran en condición de pobreza, los cuales son principalmente indígenas y mujeres. Se calcula que para el año 2030 serán uno de cada seis (17 por ciento) los mexicanos que pertenezcan a ese grupo de edad y en 2050 uno de cada cuatro (25 por ciento) superará los 60 años, por lo que la académica enfatizó que brindar atención, apoyo y desarrollo integral a estas personas representa un reto.

Ayer, la CNDH detalló en un comunicado que las estadísticas oficiales muestran que 27.9 por ciento de los ancianos en el país han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad. Entre ese sector, 40.3 por ciento describe a los económicos como uno de sus problemas principales, 37.3 a la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos y 25.9 los laborales. “Todos ellos –agregó el organismo nacional– medios imprescindibles para gozar de una vida digna”.

La mayoría de las quejas presentadas ante la CNDH por este sector se refieren a presuntas violaciones a garantías que tienen que ver con la prestación indebida del servicio público, omisiones en la atención de instituciones públicas de salud; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, y la negligencia y deficiencia en el suministro de medicamentos.

Por ello, este organismo convocó a sumar esfuerzos para intensificar las acciones de promoción al respeto a los derechos, inclusión, valorización y superar los desafíos de marginación laboral, familiar, política, económica y social que enfrenta ese sector. Informó que ha emprendido diversas campañas de difusión de las garantías de los ancianos a fin de brindar capacitación al respecto entre servidores públicos.