Buenos Aires, 22 de diciembre

Siete de cada 10 argentinos no creen en paros policiales casuales como los que marcaron las dos primeras semanas de diciembre y menos aún en saqueos por contagio, sino que se está ante un plan premeditado, que no funcionó, porque el pueblo no participó, señala una encuesta publicada aquí.

A esta conclusión llegaron varios analistas al conocer las encuestas aplicadas en provincias que fueron víctimas de acuartelamientos y paros policiales continuados por saqueo y destrucción, que dejaron 12 muertos y millones de dólares en daños económicos.

El coordinador de los fiscales de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, José Costa, dijo que la que la investigación sobre los saqueos producidos durante la huelga policial que dejó en indefensión a los pobladores en la noche del 8 de diciembre pasado, lleva hasta el momento más de 105 allanamientos realizados en los que se hallaron elementos robados. Varios de los domicilios eran de familiares de efectivos de la fuerza. Costa explicó que para determinar la conexión se cotejan cientos de fotografías y 400 horas de filmaciones, más la revisión de sitios de Internet y redes sociales. Ayer, ocho policías quedaron detenidos en Tucumán.

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, tomó desde el principio la posición de no negociar con amotinados, y habló de sedición que es el término judicial que se está imponiendo en estos momentos.

La justicia de Tucumán acusa como organizadores a cinco suboficiales en actividad y a tres, expulsados el año pasado por otra huelga. Investigan sus comunicaciones y los mensajes en Facebook.

En suma se habla de un alzamiento de grupos de policías contra el gobierno que dejó en estado de indefensión a la ciudadanía.

El saqueo se extendió afectando unos 250 comercios y la muerte de seis personas en Tucumán.

El Ministerio Público Fiscal inició de oficio una investigación sobre el levantamiento en sí y por otro lado los saqueos. Por esta última causa hay hasta ahora setenta detenidos y más de cien allanamientos, en los que se ha recuperado cerca de mil 900 elementos robados, sólo en Tucumán.

En tanto, se investiga con minuciosidad a todos los instigadores para realizar saqueos entre el 19 y el 20 pasados. Por una parte, un grupo que se lanzó por la calle Corrientes, donde hay miles de negocios concurridos por sectores populares. Estos grupos corrían anunciando saqueos, que finalmente no se produjeron, pero alteraron seriamente a la población.

Mientras en el barrio popular de Once en esta capital, policías corrían a ladrones que robaban en general carteras un canal de televisión del diario Clarín hablaba de saqueos produciendo terror entre los comerciantes que cerraron sus puertas.

Analistas advierten que el mayor fracaso de los que prepararon este escenario es que el pueblo huyó de los lugares y no se prestó a ninguna violencia.

El analista Raúl Kollmann, de Página 12, señala hoy que el repudio (a la acción policial en días pasados) es generalizado, como la convicción de que los agentes dejaron a su suerte a los ciudadanos y que los robos fueron organizados para desestabilizar al gobierno.

Siete de cada diez argentinos consideran que los policías no sólo dejaron librados al azar a los ciudadanos, sino que promovieron los saqueos. Este diagnóstico de la gran mayoría tiene otras connotaciones: se considera que los saqueos fueron organizados, que participaron sectores políticos que quieren desestabilizar al gobierno y hay una evaluación muy negativa de las policías provinciales, lo que contrasta con una buena imagen de la Gendarmería Nacional. Estas conclusiones de Kollman surgen de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera Roberto Bacman.

Queda en claro que existe un respaldo a iniciativas como la planteada por el senador oficialista Aníbal Fernández, quien presentó un proyecto de ley para penalizar a los policías que abandonan el servicio, lo que se está tratando en sesiones extraordinarias. Se podría penalizar con multas y uno a tres años de prisión a los efectivos que abandonan el servicio, pero las penas trepan incluso hasta los ocho años cuando se pierdan vidas como sucedió recientemente.

El 71.7 por ciento de los consultados están de acuerdo con la frase: Los policías no pueden extorsionar y tomar de rehén al resto de la sociedad, abandonando las calles a los delincuentes hasta que se cumplan sus exigencias salariales.

La población entendió que los policías pararon y al mismo tiempo mediante mensajes de texto y llamadas por celular ponían en marcha a pequeños grupos, que por lo general se movieron en motos, y hacían punta en los saqueos. “La sospecha quedó más instalada en Córdoba, pero ahora se advierte que abarca todo el territorio nacional porque los encuestados –en 69.5 por ciento– sostienen que hubo vínculo entre policías y y saqueadores”.

Por último, existe una virtual aprobación de sindicalistas hacia una posible estatización de las empresas que proveen energía eléctrica y que hasta hoy no han podido resolver algunos de los cortes de luz que afectan a varios barrios de esta capital y el conurbano. Hasta se plantea la sospecha de que tampoco esto haya sido casual.