Aunque ha habido avances legales en materia de migración, la política del gobierno federal sobre el tema continúa siendo desastrosa, sobre todo porque sigue una línea de obediencia a las necesidades de seguridad de Estados Unidos, lamentó el sacerdote Alejandro Solalinde.

Al participar en el Seminario de articulación regional migrar con dignidad, realizado a propósito del Día Internacional del Migrante –que se conmemora hoy–, el director del albergue Hermanos en el Camino señaló: No han parado los secuestros, las desapariciones, las violaciones, las extorsiones y los tratos indignos contra los indocumentados en todo México.

A pesar de dicho escenario, el ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 celebró que los defensores de los migrantes sigan llevando a cabo una gran transformación de las conciencias y una revolución silenciosa en un México desastroso, con signos terribles de destrucción y autodestrucción.

En el acto, efectuado en el Centro Cultural de España, Félix Hernández Gamundi, del Comité 68, subrayó que la raíz de las migraciones forzadas es el modelo económico neoliberal, que expropia las riquezas de los pueblos, quita oportunidades de desarrollo a la gente y obliga a decenas de miles de personas a salir de sus lugares de origen.

Por su parte, Arturo Carmona, coordinador del portal presente.org, y José Luis Gutiérrez, director asociado de la Alianza Nacional de Comunidades Latinas y Caribeñas, coincidieron en señalar que la falta de una reforma migratoria en Estados Unidos está facilitando la deportación de más de mil trabajadores indocumentados al día por el gobierno del presidente Barack Obama.

Al final de la jornada, Marco Antonio Castillo, presidente de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, dio a conocer el pronunciamiento político de todos los colectivos participantes en el seminario, en el cual se exige a las autoridades de México y Estados Unidos un alto inmediato a las políticas de detención y criminalización de los indocumentados, desvincular el tema de las estrategias de seguridad nacional y no perseguir a los activistas solidarios con ese sector.

Como el año anterior, las organizaciones solicitaron el libre tránsito de los migrantes mediante la creación de una visa transmigrante latinoamericana, una reforma en la materia que garantice derechos sociales básicos, respeto y garantías a los defensores de migrantes y periodistas, y la creación de políticas públicas para atender las causas reales del fenómeno.