La Procuraduría General de la República (PGR) integrará un registro de acosadores, hostigadores y agresores sexuales familiares, laborales, escolares, institucionales y en el transporte público, integrado al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres (Banavim).

Además, promoverá la creación a escala nacional de unidades especiales, con personal seleccionado y capacitado, para atender e investigar la violencia de género en cada estado.

Asimismo, impulsará el otorgamiento de órdenes de protección y un registro nacional para mujeres víctimas de la violencia de género, como parte del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018.

En el proyecto existen líneas de trabajo encaminadas a revertir el crecimiento sostenido que ha presentado la incidencia delictiva de 2006 a 2012 y, como parte de la estrategia para combatir los delitos de extorsión, la institución que dirige Jesús Murillo Karam se propone conformar un registro de usuarios a escala nacional en materia de telefonía celular, para abatir el delito de extorsión.

El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 establece que el panorama del sistema de procuración de justicia enfrenta un panorama difícil, ya que de 2006 a 2012 crecieron de manera constante las tasas de incidencia delictiva, lo que hace necesario atender los factores que tienen efectos sobre la comisión de los delitos, así como en la operación del sistema de justicia penal en el país, entre ellas la baja confianza en las autoridades.

Puntualiza que la ineficiente labor de las instituciones de procuración de justicia ha generado desconfianza en el sistema por parte de la ciudadanía, y por ello ha crecido la cifra de delitos que no se denuncian, además de que en el ámbito federal llegan a sentencia condenatoria 14 de cada 100 delitos que se hacen del conocimiento de la autoridad, y en el fuero comun sólo alcanzan condena siete de cada 100.

Asimismo apunta que la inercia burocrática en las oficinas gubernamentales de seguridad pública y procuración de justicia, así como el rezago de la autoridad frente al aumento considerable de la violencia y la delincuencia en los años recientes, han atentado contra las formas más esenciales de convivencia social de los mexicanos. Un alto porcentaje de la población ha abandonado sus hábitos cotidianos por la inseguridad. Ese abandono supone un deterioro de la calidad de vida, un menoscabo a la cohesión social y una ausencia de confianza ciudadana frente a la actuación de las instituciones del Estado.

El proyecto, en el cual también se da cuenta del proceso de restructuración que vive la PGR, señala que en relación con el sector de procuración de justicia, la percepción no es más alentadora. Las encuestas y los sondeos de opinión lo describen y explican como disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que genera que la población no se acerque a las instituciones a denunciar, por considerarlo inútil.

La percepción de los ciudadanos sobre la procuración de justicia en México es, en términos generales, sumamente negativa, pues a la mayoría le parece lenta, ineficaz y plagada de corruptelas, refiere el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes, con base en el diagnóstico elaborado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.