l domingo pasado quedará registrado en San Luis Potosí como el día en que el gobierno gris y carente de resultados del priísta Fernando Toranzo Fernández incorporó una nueva característica: la de represor.

Apuntado en la carrera de gobernadores con congresos locales a su servicio, Toranzo no dudó en echar mano de las fuerzas policiacas para figurar entre los 17 estados que aprobaron la reforma energética, como si de ello dependiera un premio.

Los agravios locales operados por los propios legisladores, como el cobro del impuesto a la tenencia vehicular y un aumento de 54 por ciento a las tarifas de agua potable, entre otros, convirtieron la sede del Legislativo local en un centro de repudio popular que desde la noche del viernes fue sitiado por centenares de policías.

Como si el envío de la minuta de la reforma energética a los estados hubiese sido luz verde para darle trámite, aplastando todo lo que se le interpusiera, la noche del viernes los elementos de la secretaría de seguridad pública desalojaron un campamento del Movimiento Regeneración Nacional instalado frente al Congreso del estado.

Con vallas protegieron el edificio el fin de semana y la mañana del domingo dispersaron y encapsularon a los manifestantes que repudiaban la reforma energética y las disposiciones locales.

La operación incluyó agresiones a tres integrantes de La Jornada San Luis y ni el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se salvó de los golpes policiacos. Todo para que los diputados pudieran sesionar en su sede, con un público formado por policías, a quienes, en tribuna, los legisladores dieron vergonzantes agradecimientos.

Así logró Toranzo colar a San Luis Potosí entre el grupo de estados avaladores de la reforma energética, pero con su faceta represora abrió un expediente en el que, si no aplica un honesto sentido justiciero, no deberá sorprenderle un severo juicio histórico sobre su gestión.