El senador perredista y vicepresidente de la mesa directiva del Senado, Luis Sánchez, destacó que hasta marzo se concluirá el recuento de firmas de apoyo a la consulta popular en materia energética.

La compulsa de las firmas se lleva a cabo con la presencia de los representantes de todos los partidos y un fedatario, a propuesta del presidente del Senado. También se invitó a que estuvieran presentes los representantes de la Cámara de Diputados, pero no han respondido, dijo.

Ello, explicó, para evitar que una vez que se concluya el recuento en el Senado, necesariamente tenga que ir a la Cámara de Diputados para que se realice el mismo procedimiento, es decir, el recuento de las firmas y cotejarlo con las credenciales de elector.

Concluida la fase del recuento, la información se envía al Instituto Federal Electoral (IFE) para que coteje los datos y, si coincide con las copias de las credenciales de elector, se remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ordene que se realice la consulta ciudadana en todo el país en materia de reforma energética.

La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna, dijo que “hay un notario y un representante de cada partido político haciendo el recuento en días y horas hábiles. Al finalizar cada día se pone en la puerta un sello que sólo puede quitar el fedatario. Apenas se han contado dos de las 48 cajas que se han entregado con firmas; es un proceso muy lento.

Estamos reuniendo muchas más firmas, para que después no nos digan que una vez que se hizo el cruce de los datos con el IFE éstos no coincidan con las credenciales de elector. Nos estamos preparando también para que no nos digan que faltaron 4 o 10 mil firmas.

Padierna señaló que “lo que hemos observado es que desde que se entregó la reforma energética hay muchos obstáculos para impedir que se realice la consulta popular.

Incluso cuando se presentó la iniciativa en la materia, se estableció que para que no hubiera consulta popular, ésta se contemplara en la Ley de Ingresos, a través del título quinto, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de que el tema fuera sólo fiscal; sin embargo, ya está en la Constitución.