n un hecho sin precedente, el Senado de la República del Uruguay aprobó el pasado martes 10 de diciembre un proyecto de ley por el cual el Estado regulará y controlará toda la producción y el comercio de la mariguana. Se trata de una medida que no tiene antecedentes, no sólo en América Latina, sino en el mundo entero, ya que no se limita sólo al tema del consumo –cuya legalización es elemento central de las reformas emprendidas en algunos países–, sino además abarca la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, adquisición, almacenamiento y distribución de cannabis.

Son varias las motivaciones que llevaron a los legisladores de la nación sudamericana a adoptar esta singular medida. La principal es el evidente fracaso de la guerra contra el narcotráfico, que ha traído consecuencias adversas para las naciones de la región. Y lo peor: han sido países pobres los que han dilapidado en ello recursos que no tienen, dejando de aplicarlos en actividades que no pueden esperar. Por ejemplo: las necesidades básicas de sus pueblos y hasta el combate a la verdadera delincuencia, dice un texto de la Comisión Especial de Drogas y Adicciones que acompaña el proyecto que fue votado.

Entre los objetivos de la iniciativa, que ya había sido aprobada en julio por los diputados, se destaca: Desarrollar una política decidida e innovadora de enfrentamiento al crimen organizado vinculado al narcotráfico, al arrebatarle un negocio que en nuestro país según estimaciones primarias se encuentra entre los 30 y 40 millones de dólares anuales y que implica una potencial fuente de corrupción y violencia para el conjunto de la sociedad, dice el texto citado.

Los legisladores uruguayos hablan por su país, sí, pero en mi opinión lo hacen por toda la región latinoamericana, al examinar una realidad que lastima a todos los pueblos desde el lado sur del Río Bravo hasta la Patagonia: El narcotráfico socava la democracia de nuestras repúblicas; tiene el poder y los recursos para corromper los sistemas de justicia, policiales, políticos, en suma, las instituciones. Una parte de la violencia, la inseguridad, y la corrupción proviene de éste. Por ello, es tan importante repensar las políticas de combate al narcotráfico y, no solo hacerlo desde una perspectiva bélica, sino también innovar en regulaciones y controles que contemplen los derechos humanos y las posibilidades de los Estados de América Latina.

La prohibición hizo surgir un negocio multimillonario (datos de la Organización de las Naciones Unidas citadas en el documento, señalan que el narcotráfico genera 320 mil millones de dólares de ingresos al año y representa 1.5 por ciento del producto interno bruto mundial). Nuestros países, son los terrenos de siembra, cultivo, cosecha y almacenamiento de la mariguana, que es la droga ilegal de mayor consumo a nivel mundial. De aquí se transporta la cannabis y otras sustancias ilícitas a los grandes centros de consumo en el norte.

Una política hipócrita de prohibición y combate selectivo de bandas criminales, aunada a la obediencia ciega de los gobiernos de la región, ha desatado una ola de violencia sin precedente en la historia de América Latina. Una guerra con cientos de miles de muertos, sacrificio inútil, pues el consumo aumenta y las drogas circulan por doquier. Como se ha dicho hasta la saciedad, ellos ponen las armas (ellos, los grandes centros de consumo) y nosotros a los muertos.

La ley que se ha aprobado en Uruguay es una especie de expropiación, en la que no queda un solo resquicio para la acción de las bandas criminales. Si no la malogran los grupos opositores (entre los que hay personas bien intencionadas y beneficiarios del negocio), será un golpe mortal al narcotráfico: la gran victoria en una guerra que ya parecía perdida, en la que simplemente se cambió la estrategia, renunciando al empleo de las armas y privilegiando la razón.

La ley aprobada por el Senado y que está en curso de ser promulgada por el presidente de Uruguay, José Alberto Mujica, es una decisión que también está orientada a enfrentar el consumo, no mediante los castigos y la cárcel, sino mediante la educación y la prevención. Se trata de una medida seria y responsable sobre la que ahora se concentra la atención del mundo, pues es la oportunidad para poner al descubierto mitos y suposiciones que han pretendido colocar la prohibición sobre la libertad.