El pragmatismo que identifica al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una vez más quedó de manifiesto ante la opinión pública, cuando en la sede alterna de la Cámara de Diputados, los integrantes de ese partido y sus aliados tradicionales, los panistas y los pevemistas, aprobaron, sin moverle una sola coma, la minuta en materia energética enviada por el Senado.

La cámara de origen (el Senado) envió a los diputados –el pasado miércoles– las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con lo cual se amplía la participación del capital privado en la exploración y exportación del petróleo y en la industrialización de los hidrocarburos y afianza la participación privada en la generación de energía eléctrica.

Los senadores enviaron a los diputados un cambio al artículo 25 constitucional por el cual se creará un nuevo estatus para Pemex, y otro para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ahora ambas instancias deberán competir con las empresas trasnacionales por los contratos referentes a sus respectivas actividades, para lo cual se estableció un plazo de 90 días, en los que habrán de demostrar que al igual que sus competidores poseen capacidad tecnológica y financiera para extraer y, en su caso, explorar hidrocarburos.

En ese mismo articulado quedó plasmado que ambas empresas tendrán dos años de plazo para demostrar ser productivas.

En el artículo 27 se abre la posibilidad de celebrar contratos de riesgo, incluyendo las concesiones para compañías petroleras externas. También se instituye que al tratarse de petróleo y de hidrocarburos, tanto sólidos como líquidos y gaseosos, en el subsuelo, la propiedad continuará siendo del Estado, y por lo cual no se otorgarán concesiones.

El artículo 28 elimina el carácter estratégico a la refinación de petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad. Dichas actividades quedarán en manos de particulares, lo mismo que el transporte de los hidrocarburos.

Los diputados respetaron dichos ordenamientos, en sus términos, y el mismo trato prodigaron a 21 artículos transitorios que establecen en la Constitución conceptos como el de un régimen de contratos para beneficiar a las empresas extranjeras, que tendrán la atribución de apropiarse del crudo que extraigan, o incluso registren las reservas de hidrocarburos mexicanos que podrán comercializar junta a la electricidad.