a decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, e inhabilitarlo para ocupar cargos púbicos durante 15 años, es un golpe al proceso de paz que negocian en La Habana las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero es también una muestra del tipo de democracia que impera en el país sudamericano, a través de la cual las élites dominantes intentan blindar sus intereses de clase.

Petro fue miembro del M-19, desmovilizado hace más de dos décadas. Es el primer alcalde de la principal ciudad de Colombia que ejerce el cargo desde la izquierda. En su campaña electoral prometió defender lo público, el medio ambiente y luchar contra las mafias. Aunque no es un radical sino un tibio socialdemócrata, tras asumir la alcaldía en enero de 2012 intentó reformar la recogida de basuras de la ciudad, en manos de empresarios privados ligados a los paramilitares.

Lo que desató la crisis y su posterior destitución fue la decisión del 18 de diciembre de 2012 de traspasar la recogida de basuras a la empresa pública Aguas de Bogotá. Los empresarios boicotearon el traspaso y durante algunos días la ciudad se vio desbordada de basura, por lo que la alcaldía se vio forzada a contratar camiones de volteo para la limpieza. Además se propuso formalizar a 14 mil 500 trabajadores que realizaban la recogida informal de basura.

Según todos los análisis, la implementación de esa justa decisión fue algo apresurada, pero nadie ha acusado a Petro de corrupción o mal manejo de fondos públicos. Las razones que esgrimió el procurador el lunes 9 para proceder a la destitución son tres: haber firmado convenios para la recogida de basura con una compañía sin la suficiente experiencia; haber vulnerado los principios de libre empresa y competencia al imponer limitaciones a empresas para que no prestaran el servicio; autorizar el uso de camiones para limpiar la ciudad.

La relación entre las acusaciones y las sanciones es absolutamente desproporcionada. Los perjudicados por la decisión de Petro son dos empresarios contratistas: William Vélez, del Grupo Ethuss, y Alberto Ríos, vinculado al Grupo Nule. Vélez es uno de los grandes contratistas de obras del Estado (limpieza y autobuses urbanos, aeropuerto de Bogotá) y es “el más representativo de una nueva clase empresarial que se fortaleció en la era Uribe por cuenta de los grandes contratos con el Estado, y que ya hace parte de los nuevos cacaos colombianos” ( Semana, 21 de noviembre de 2009).

Vélez es amigo personal del ex presidente Álvaro Uribe, al que financió su campaña releccionista, y se le considera vinculado a los intentos de los paramilitares de legalizar sus fortunas mediante dos tipos de negocios: aquellos que les permitían lavar dinero porque podían sobrefacturar las ventas, y los monopolios estatales en las regiones donde tenían influencia ( La Silla Vacía, 2 de agosto de 2009).

El Grupo Nule, llamado Carrusel de la Contra­tación, está vinculado también a las grandes obras de la ciudad y protagonizó el mayor caso de corrupción del país, bajo el mandato del alcalde Samuel Moreno en 2010, en la adjudicación de obras de forma irregular (Caracol Radio, 25 de febrero de 2011). A pesar de estar investigado y detenido preventivamente, el procurador suspendió e inhabilitó a Moreno por 12 meses, mostrando una extraña diferencia con el trato dado a Petro, al que sólo se le acusa de cometer errores.

El procurador Ordóñez destituyó e inhabilitó por 18 años a la ex senadora Piedad Córdoba por haber colaborado con las FARC, en el caso de las negociaciones para liberar rehenes. En cambio absolvió a los parapolíticos (parlamentarios vinculados a los paramilitares) luego de haber sido condenados por la Corte Suprema, defendió a militares acusados de violar derechos humanos y guardó silencio cuando los falsos positivos, el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

Por eso muchos colombianos coinciden con la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, quien considera la destitución de Petro un acto político y arbitrario más del procurador y se pregunta sobre la conveniencia para la democracia de que la procuraduría pueda destituir funcionarios elegidos popularmente. Ordóñez fue elegido procurador por el Senado en diciembre de 2008 para un periodo de cuatro años, con 81 votos a favor y sólo uno en contra, y relegido en 2012 hasta 2017. Petro fue uno de los senadores que votaron a favor.

Más allá de la personalidad del procurador, un ultradrechista e integrista católico, la cuestión es el carácter de la democracia colombiana. Al día siguiente de la destitución de Petro, las FARC emitieron un duro comunicado: Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para un ejercicio político independiente.

Este es, justamente, el tema que gobierno y guerrilla acordaron hace menos de un mes: las garantías para el ejercicio de la oposición legal. Si te destituyen por intentar cambiar el modelo de recogida de basuras, ¿qué va a suceder cuando los usurpadores deban devolver las tierras robadas?

Reducir el problema al procurador es demasiado simplista. Es la democracia la que está en cuestión. En Colombia nunca hubo otra cosa que una democracia racionada, un concepto del revolucionario brasileño Carlos Marighella recuperado por Lincoln Secco: un régimen donde la violencia contra los pobres y los opositores se combina con acciones autoritarias dentro de la legalidad y los escasos derechos son distribuidos a cuentagotas a los sectores más moderados de la oposición.

Merece la pena reflexionar sobre este tipo de democracia, que se expande en todo el mundo: un régimen donde mandan empresarios corruptos enriquecidos al amparo de negocios con el Estado y donde funcionarios pueden destituir impunemente a los representantes populares.